

La Federación Latinoamericana de Bancos (Felaban) advirtió que el proyecto de ley 547 en análisis en Bolivia constituye un caso de «represión financiera» que podría alterar la solvencia del sistema financiero nacional. La norma, que posterga deudas y suspende embargos, impactaría a 1,4 millones de prestatarios.
Durante el X Congreso Latinoamericano de Riesgos (CLAR 2025), la Felaban expresó su preocupación por las medidas normativas recientes en Bolivia. El secretario general del organismo, Giorgio Trettenero, señaló que disposiciones como las planteadas en el proyecto de ley 547 generan incentivos adversos y afectan la cultura de pago.
La alerta se centra en el potencial debilitamiento de la intermediación financiera y la reducción de crédito para sectores clave como las pequeñas empresas.
¿En qué consiste el proyecto de ley 547?
El cuestionado proyecto fue aprobado por la Cámara de Diputados el pasado 12 de septiembre y ahora se debate en el Senado. La iniciativa propone una suspensión temporal de embargos y un diferimiento automático de cuotas crediticias.
Esta medida afectaría a más de 1,4 millones de prestatarios, lo que equivale al 73% del total de clientes del sistema financiero boliviano. Según Felaban, estas acciones distorsionan el funcionamiento natural de la banca.
Impacto económico y advertencias de la banca privada
La Asociación de Bancos Privados de Bolivia (Asoban) respaldó el pronunciamiento de Felaban y cuantificó el impacto económico. Según la entidad, el diferimiento generaría un impacto en la liquidez del sistema por más de 2.600 millones de dólares.
Asoban señaló que, si bien comprende el objetivo de alivio económico, las medidas deben estar técnicamente fundamentadas. Advirtió que la falta de solvencia podría repercutir en la capacidad de otorgar nuevos créditos, perjudicando finalmente a los sectores más vulnerables.
Felaban: «Premia el incumplimiento y castiga al buen pagador»
En un reporte institucional, Felaban argumentó que este tipo de normas «premian el incumplimiento y castigan al buen pagador». El organismo alertó que las consecuencias a mediano plazo incluirían el encarecimiento del crédito y el menoscabo de la sostenibilidad del sistema financiero.
El concepto de «represión financiera» alude a marcos legales que limitan el acceso al crédito y generan distorsiones en el mercado.
Próximos pasos en el Senado
Desde la Comisión de Planificación del Senado se anunció la intención de agilizar el análisis del proyecto. La asambleísta Virginia Velasco informó que se prevé convocar a Asoban para que exponga su posición técnica sobre los efectos de la norma.
El debate legislativo continuará en los próximos días, en medio de las crecientes advertencias sobre los riesgos estructurales que plantea la iniciativa para la economía boliviana.
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