

Distintas instituciones del Estado activaron medidas de protección a favor de tres concejalas del municipio de Tapacarí, en Cochabamba, quienes son víctimas de violencia política, hostigamiento y obstrucción sistemática en el ejercicio de sus funciones. Las ediles afectadas son Hilda Apaza, Felisa Ormachea y Teodora Poma.
La decisión fue tomada en una sesión del “Mecanismo de Prevención y Atención Inmediata de Defensa de los Derechos de las Mujeres en Situación de Acoso y/o Violencia Política”, celebrada el 17 de septiembre y presidida por el Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional.
Obstáculos y agresiones sistemáticas
De acuerdo con el relato oficial, el conflicto se originó tras el uso de “acuerdos de gestión compartida” que forzaron a las concejalas a solicitar licencias temporales entre 2023 y 2026. Al intentar reintegrarse a sus cargos, el Presidente del Concejo Municipal les negó arbitrariamente el retorno, violando la Ley 482 de Gobiernos Autónomos Municipales.
Desde febrero de 2025, las concejalas también dejaron de percibir sus salarios. Denunciaron el cierre físico y el tapiado de las instalaciones del Concejo Municipal, lo que impidió el acceso a sus lugares de trabajo. Además, reportaron haber sido víctimas de agresiones físicas, amenazas, discriminación y una campaña de desprestigio, presuntamente promovida por el alcalde.
Respuesta multisectorial urgente
Ante la inacción del Servicio Legal Integral Municipal (SLIM) de Tapacarí y la dilación de los procesos penales, el mecanismo interinstitucional acordó varias medidas urgentes.
El Servicio Plurinacional de Asistencia a la Víctima (Sepdavi) asumirá de inmediato el patrocinio legal integral de las concejalas en los dos procesos penales en curso. Además, se convocará para el miércoles 24 de septiembre a una reunión ampliada con el alcalde y el presidente del Concejo de Tapacarí, con la participación de todas las entidades del mecanismo.
El Ministerio Público y la Policía Boliviana se comprometieron a agilizar la debida diligencia en los casos judiciales, mientras que el Ministerio de Gobierno gestionará un refuerzo de la presencia policial en el municipio para garantizar la seguridad de las autoridades.
Un caso de violencia estructural
El Ministerio de Justicia señaló que este caso es emblemático de la violencia política estructural que busca excluir a las mujeres de la esfera pública. “A través de amenazas, restricciones administrativas, agresiones físicas y acoso institucional, se vulneran derechos fundamentales”, advirtió la institución.
Enfatizó que la respuesta articulada y urgente es fundamental para garantizar los derechos conquistados por las mujeres y asegurar su participación plena en la toma de decisiones.
Sé el primero en dejar un comentario