El Gobierno nacional, a través del Ministerio de Economía, salió al frente para defender el Anteproyecto de Ley 547/2024-2025, que establece un diferimiento temporal de pagos para créditos de vivienda social y micropréstamos. La medida, que busca aliviar a deudores afectados por conflictos y desastres, fue rechazada por la banca privada, que advierte sobre riesgos para la estabilidad financiera.
La iniciativa, actualmente en tratamiento parlamentario, plantea una suspensión de seis meses de embargos y ejecuciones judiciales para prestatarios de estos sectores. El objetivo oficial es permitir que las familias y pequeños productores recuperen su actividad económica y restablezcan sus flujos de caja.
El fundamento del Gobierno
En un comunicado oficial, el Ministerio de Economía aseguró que la propuesta “no compromete la estabilidad y solidez del sistema financiero porque no implica una condonación de deudas ni una intervención en los contratos”. La cartera de Estado enfatizó que se trata de una medida focalizada y temporal para “evitar perjuicios sociales y económicos”.
Según los cálculos del Ministerio, el diferimiento potencial afectaría a un máximo del 3% de la cartera crediticia total, una cifra inferior al 10.4% registrado durante la pandemia en 2020. Al 31 de julio de 2025, este saldo se sitúa en 1.4%.
Bancos alertan sobre riesgos
La Asociación de Bancos Privados de Bolivia (Asoban) y la Asociación de Entidades Financieras Especializadas en Micro Finanzas (Asofin) expresaron su preocupación por la iniciativa. Ambas entidades argumentaron que la medida “comprometería la estabilidad del sistema financiero y forzaría una inevitable restricción del crédito, especialmente hacia los sectores más vulnerables”.
Asoban subrayó que la norma no resolvería los problemas económicos de fondo y que, en cambio, podría afectar la sostenibilidad del crédito en un momento en que el país necesita más financiamiento para la producción y el empleo.
Gobierno apela a utilidades bancarias
Para respaldar la viabilidad de la medida, el Ministerio de Economía destacó que la banca registró en 2024 una utilidad histórica superior a los 389 millones de dólares. Desde la perspectiva gubernamental, esto demuestra que el sector tiene la solvencia suficiente para absorber un alivio temporal sin desestabilizarse.
La cartera estatal también fundamentó el proyecto en la necesidad de proteger el derecho a la vivienda, establecido en la Constitución Política del Estado, y de responder a sectores afectados por bloqueos, conflictos sociales y fenómenos climáticos recientes.
El debate entre el Ejecutivo y el sector financiero queda ahora en manos del Legislativo, que deberá analizar la viabilidad y los alcances de la propuesta de ley.
Author: EnfoqueNews
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