

El exministro de Gobierno Arturo Murillo, que fue deportado desde Estados Unidos, arribó a Bolivia la madrugada de este jueves, donde fue inmediatamente aprehendido por la Policía en el aeropuerto de Viru Viru, en Santa Cruz de la Sierra. Será trasladado a la ciudad de La Paz para ser puesto a disposición de un juez y definir sus medidas cautelares, en medio de dos sentencias en su contra.
El ministro de Gobierno, Roberto Ríos, confirmó la llegada del exfuncionario a las 04:30 y detalló que Murillo aguarda su traslado en una celda del aeropuerto, tras una revisión médica de rigor. Se prevé que viaje a La Paz en un vuelo que arribaría al mediodía.
Procesos y sentencias pendientes
Las autoridades bolivianas destacan que Murillo enfrenta dos condenas en el país. La primera, por el caso «gases de Ecuador», le valió una sentencia de 5 años y 4 meses de prisión por la dotación irregular de material antidisturbio durante la crisis política de 2019.
La segunda condena, de 8 años de reclusión, corresponde al caso «gases lacrimógenos», vinculado directamente a su proceso en Estados Unidos. Este caso involucra la compra irregular de material antidisturbio con un sobreprecio de 2,3 millones de dólares.
Audiencia cautelar y destino penitenciario
Ríos explicó que, «de acuerdo al procedimiento establecido», Murillo será puesto a conocimiento de un juez para una audiencia de medidas cautelares. Aunque el Ministerio de Gobierno proyecta que, por las sentencias, sea privado de libertad en el penal de San Pedro, enfatizó que se respeta la independencia de los órganos judiciales para la decisión final.
Por su parte, el procurador General del Estado, Ricardo Condori, anunció que su despacho solicitará formalmente que Murillo sea recluido en el penal de máxima seguridad de Chonchocoro.
Antecedente en Estados Unidos
En octubre de 2022, Arturo Murillo se declaró culpable en una corte estadounidense por conspiración para lavar dinero, admitiendo haber recibido sobornos a cambio de ayudar a una empresa a obtener un contrato millonario del Estado boliviano por 5,6 millones de dólares durante el gobierno de Jeanine Áñez.
La ministra de Justicia, Jessica Saravia, recalcó que ahora se espera que Murillo «cumpla las condenas que ya han sido dispuestas a través de un proceso en el que se ha respetado el debido proceso». Además, el ministro Ríos mencionó que el exministro también es investigado por los hechos de sangre ocurridos en Senkata y Sacaba en 2019.
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