

El vocal del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Gustavo Ávila, anunció que planteará a la Sala Plena de la institución no autorizar la difusión de encuestas de preferencia electoral para la segunda vuelta presidencial (balotaje). La medida, calificada por el propio Ávila como “drástica”, se argumenta en los constantes errores de las encuestadoras, que a su juicio han desprestigiado este mecanismo en Bolivia.
Las declaraciones fueron realizadas este domingo en una entrevista con radio Erbol. Ávila afirmó que la suspensión regiría “hasta no tener la seguridad de que esas encuestas hagan un buen trabajo” y adelantó que también propondrá cambios normativos y sanciones más severas para el sector.
El problema: grandes discrepancias en los datos
La propuesta del vocal llega en un contexto de evidente discrepancia entre los sondeos preelectorales y los resultados oficiales de la primera vuelta. El caso más emblemático fue la última encuesta autorizada, que posicionó a Samuel Doria Medina en primer lugar con un 21,3% de intención de voto.
Sin embargo, los resultados oficiales del TSE fueron radicalmente diferentes: Rodrigo Paz Medina ganó con 32,06%, seguido de Jorge ‘Tuto’ Quiroga (26,70%), relegando a Doria Medina a un tercer puesto con 19,69%. Esta diferencia de más de diez puntos porcentuales puso en evidencia la falta de precisión de los pronósticos.
Otras candidaturas también mostraron variaciones significativas, como la de Andrónico Rodríguez, que pasó de un 5,7% en las encuestas a un 8,5% en los comicios, y la de Manfred Reyes Villa, que escaló de un 3,9% a un 6,7%.
Coordinación contra desinformación y necesidad de nueva ley
Más allá de las encuestas, el vocal Ávila también se refirió al desafío de la desinformación en redes sociales, un problema señalado por observadores internacionales. Informó que el TSE está trabajando con organizaciones como Chequea Bolivia y Bolivia Verifica para combatir las noticias falsas, además de coordinar acciones con la Unión de Organismos Electorales de Latinoamérica.
Finalmente, Ávila expresó su esperanza de que los nuevos parlamentarios prioricen la modificación de la Ley de Régimen Electoral, que tiene más de 15 años de vigencia y no contempla la regulación de redes sociales ni mecanismos de control más estrictos para las empresas encuestadoras. La decisión final sobre la prohibición de las encuestas para el balotaje recaerá ahora en la Sala Plena del Tribunal Supremo Electoral.
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