

En Bolivia, a junio de 2025, el 58,2% de los 33.275 privados de libertad —es decir, aproximadamente 19.366 personas— se encuentran en detención preventiva, según datos oficiales de la Defensoría del Pueblo. El defensor del Pueblo, Pedro Callisaya, enfatizó este jueves la necesidad de revisar los plazos procesales para garantizar el debido proceso. Esta declaración responde al instructivo emitido por el presidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Romer Saucedo.
Revisión de plazos procesales
El TSJ instruyó a los Tribunales Departamentales de Justicia a verificar de oficio los plazos de detención preventiva en un máximo de 24 horas, conforme a la Ley del Órgano Judicial. Esta medida busca frenar el uso excesivo de esta figura legal, aplicada en casos como los de la expresidenta Jeanine Áñez, el gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, y el exlíder cívico potosino Marco Pumari.
Los abogados de los acusados demandan su liberación, argumentando que se han superado los plazos legales de seis meses.
Compromiso con el debido proceso
A través de su cuenta en X, Callisaya subrayó que garantizar celeridad, igualdad ante la ley y el debido proceso es una obligación legal y un compromiso ético con los derechos humanos. La revisión de casos busca cumplir con estándares de justicia pronta y adecuada, tal como lo dispone el TSJ.
A junio de 2025 el 58.2% de 33.275 privados de libertad en las cárceles de Bolivia son detenidos preventivos, quienes también están a la espera de que sus procesos sean revisados en los plazos legales de tramitación.
Garantizar el debido proceso, la celeridad y la igualdad ante… pic.twitter.com/wV5fqE2M7p
— Pedro Callisaya Aro (@PedroCallisayaA) August 22, 2025
Por su parte, el ministro de Gobierno, Roberto Ríos, saludó la decisión del TSJ. Sin embargo, recordó que todos los ciudadanos gozan de los mismos derechos y sugirió que el tribunal debería extender esta medida a otros privados de libertad.
“Sería importante que esta medida no solo se aplique a estas tres personas, sino que sea una medida que alcance a toda la población privada de la libertad que cuenta con la detención preventiva”, instó Ríos.
Agregó que una “gran cantidad” de la población penitenciaria se encuentra en detención preventiva en las cárceles del país.
Impacto en el Sistema Judicial
El alto índice de detenciones preventivas revela una problemática estructural en el sistema judicial boliviano, donde miles de personas aguardan resolución de sus casos. La medida del TSJ podría establecer un precedente para agilizar procesos y reducir la sobrepoblación carcelaria, un desafío persistente en Bolivia.
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