

El ministro de Gobierno, Roberto Ríos, respaldó la instrucción del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) para revisar las detenciones preventivas de la expresidenta Jeanine Áñez, el gobernador cruceño Luis Fernando Camacho y el exlíder cívico potosino Marco Pumari.
La medida busca verificar el cumplimiento de los plazos procesales y frenar el uso excesivo de la detención preventiva en el país. Los abogados de los acusados exigen la liberación inmediata, argumentando que se han superado los límites legales de seis meses.
Respaldo gubernamental a la independencia judicial
Ríos saludó la decisión del TSJ y subrayó que el Ejecutivo respeta la independencia de poderes. «Es importante saludar la instrucción emitida sobre la revisión de las detenciones preventivas y el uso desmedido de esta medida en estos casos particulares», declaró el ministro.
El funcionario añadió que la revisión debería extenderse a todos los privados de libertad bajo esta figura.
«Sería importante que esta medida no solo se aplique a estas tres personas, sino a toda la población que se encuentra en detención preventiva», señaló.
Detalles del instructivo del TSJ
El TSJ instruyó a los Tribunales Departamentales de Justicia revisar de oficio los plazos procesales en un máximo de 24 horas desde su notificación. La disposición se ampara en la Ley del Órgano Judicial, que faculta garantizar una justicia pronta y adecuada.
Reacciones de los abogados defensores
Martín Camacho, abogado de Luis Fernando Camacho, celebró la resolución y confía en una liberación entre lunes y martes.
«Se ha superado superabundantemente este plazo», sostuvo.
Luis Guillén, defensor de Áñez, afirmó que la instrucción fortalece la independencia judicial.
«Dentro de estos procesos ilegales se han ampliado reiteradamente las detenciones preventivas», denunció.
Diego Gutiérrez, abogado de Marco Pumari, anunció que pedirá audiencia para cesar una detención que ya supera los tres años y medio.
«Es un proceso político sin pruebas», aseguró.
Declaración de Jeanine Áñez
Desde prisión, la expresidenta Áñez calificó la instrucción como una “reparación tardía”.
«No es un triunfo, es una reparación; no es un regalo, es un derecho», publicó en redes sociales.
La exmandataria exigió la restitución de sus derechos y criticó a la Fiscalía y al Movimiento al Socialismo (MAS) por lo que considera una persecución política al margen de la Constitución.
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