

La Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) volvió a rechazar un crédito de 100 millones de dólares de la Agencia de Cooperación Internacional del Japón (JICA), incorporado sorpresivamente en un proyecto de ley modificado para construir un parque urbano en La Paz. La decisión, tomada en la estación en detalle, fue respaldada por legisladores opositores y evistas, quienes denunciaron irregularidades en la inclusión del préstamo.
Modificación cuestionada y rechazo
La Presidencia de la ALP modificó un artículo del proyecto de ley para el parque lineal, añadiendo el crédito de JICA, previamente rechazado el 2 de abril de 2025. En la votación, opositores y evistas se opusieron, argumentando que reintroducir el préstamo en otro proyecto era ilegal y carecía de transparencia.
Denuncias de maniobra irregular
El diputado de Comunidad Ciudadana (CC), Miguel Antonio Roca, calificó la inclusión como un acto irregular. “Meten de contrabando un crédito ya rechazado por el pleno. Esto es un chanchullo vergonzoso”, afirmó Roca durante su intervención.
El diputado evista Santos Mamani también criticó la maniobra. “No pueden incluir proyectos de contrabando. ¿Dónde está la plata de otros créditos? Mi voto es en contra”, señaló Mamani, exigiendo claridad.
Contexto del proyecto
El proyecto de ley busca desarrollar un parque urbano en La Paz para mejorar los espacios públicos de la ciudad. Sin embargo, la inclusión del crédito de JICA, originalmente descartado, generó división. Mientras el arcismo defendió su reconsideración, la oposición y evistas sostuvieron que violaba procedimientos legislativos.
Repercusiones internacionales
El embajador de Japón en Bolivia, Hiroshi Onomura, advirtió días atrás que el rechazo del crédito podría complicar futuros préstamos de Japón. Esta situación pone en riesgo la cooperación internacional para proyectos de desarrollo en Bolivia.
El rechazo del crédito de JICA en el proyecto modificado de parque urbano evidencia tensiones políticas en la ALP y cuestionamientos sobre la transparencia en la gestión legislativa. La decisión podría impactar las relaciones con Japón, mientras el debate sobre el financiamiento de infraestructura en Bolivia continúa.
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