

La ministra de Justicia, Jessica Saravia, confirmó este miércoles la recepción de una «notificación de disputa» por parte de Shell Bolivia Corporation (SBC), filial de la petrolera transnacional. La empresa busca un arbitraje internacional por presuntas vulneraciones a sus derechos como inversor, aunque el Gobierno asegura que no existe un proceso legal activo en este momento.
El documento, enviado a la Procuraduría General del Estado, la Cancillería y el presidente Luis Arce, invoca el Convenio entre Reino Unido y Bolivia para la protección de inversiones. Shell propone un periodo de seis meses para negociar antes de proceder al arbitraje.
Detalles de la Notificación de Shell
Según el documento hecho público por radio Fides, Shell acusa al Estado boliviano de adoptar «medidas ilegales de manera constante» que vulneran sus derechos. Entre las quejas principales se incluyen el abuso de autoridad en contratos de operación con Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), específicamente en tres acuerdos que habrían reducido la rentabilidad de la empresa para favorecer a la estatal.
La petrolera también reclama la anulación ilegal de un laudo arbitral favorable a SBC, dictado por un tribunal boliviano. Este caso anterior involucraba un cobro de 12 millones de dólares, que fue anulado según explicó la ministra Saravia.
Otros puntos de disputa abarcan incumplimientos de pagos por «varios millones de dólares» en retribuciones contractuales, la negativa a emitir documentación de liberación de responsabilidades y la venta ilegal de miles de barriles de crudo propiedad de SBC sin autorización. Además, Shell denuncia una «persecución maliciosa» contra la empresa y cinco de sus empleados por parte de órganos judiciales bolivianos.
La inversión de Shell en Bolivia incluye el 100% de las acciones de SBC y participaciones en bloques como Caipipendi, que contiene el campo de gas condensado Margarita –el mayor productor de gas en el país– y Tarija XX Oeste.
Respuesta del Gobierno boliviano
Saravia enfatizó que la notificación expresa solo una intención de buscar un acuerdo inicial, y en caso de fracaso, iniciar un arbitraje de inversión. «No hay ningún proceso en el que actualmente tengamos que asumir una defensa», aclaró en conferencia de prensa.
La Procuraduría General del Estado ya analiza los antecedentes y obligaciones contractuales de ambas partes. La ministra recordó que los contratos implican compromisos mutuos: «No olvidemos que cuando hay un contrato no es solamente el Estado el que tiene obligaciones, también es la empresa la que se compromete a cumplir ciertas cosas».
El Gobierno toma previsiones para manejar la situación, reiterando que un arbitraje comercial previo fue anulado y no hay acciones legales en curso.
Contexto de las operaciones de Shell en Bolivia
Shell opera en Bolivia a través de SBC, con foco en exploración y producción de hidrocarburos. La disputa se centra en contratos con YPFB, la empresa estatal de petróleo, y podría escalar a un arbitraje internacional si no se resuelve en los próximos seis meses, conforme al tratado bilateral invocado.
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