

El Tribunal Constitucional de Perú ordenó suspender todas las investigaciones en curso contra la presidenta Dina Boluarte hasta que finalice su mandato, el 28 de julio de 2026. La resolución, emitida el martes y de carácter inapelable, establece que los procesos judiciales se reanudarán una vez que concluya su gestión.
Fundamento de la decisión
La medida se adoptó tras un argumento presentado por la defensa de la mandataria. Esta sostuvo que, de acuerdo con el artículo 117 de la Constitución peruana, un presidente en funciones solo puede ser investigado durante su gestión por cuatro delitos específicos: traición a la patria, impedir elecciones, disolver el Congreso o impedir su funcionamiento y el del Tribunal Electoral.
El tribunal resolvió que, como ninguna de las investigaciones contra Boluarte se relaciona con esos caros, deben paralizarse. Las causas seguirán su trámite normal una vez que haya entregado el poder.
Las investigaciones suspendidas
La fiscalía mantiene abiertas ocho investigaciones preliminares contra la presidenta Boluarte. Entre las más destacadas se encuentra una por su presunta responsabilidad en las muertes de decenas de civiles durante las protestas que exigían su renuncia a finales de 2022 e inicios de 2023.
Otra investigación relevante es la relacionada con el uso de relojes de lujo de origen no declarado, que habrían sido donados por un gobernador presuntamente favorecido por su gobierno.
Nuevas reglas para investigar a un presidente
La resolución judicial también establece un nuevo procedimiento para futuras pesquisas. La fiscalía podrá tomarle declaración a un mandatario en el palacio presidencial, solicitarle información y pedir la entrega de pruebas documentales. Sin embargo, tras esos actos, deberá suspender la investigación hasta el fin del periodo gubernamental.
Además, el tribunal precisó que, para procesar penalmente a un presidente en ejercicio, la fiscalía debe presentar su denuncia ante el Congreso. Solo si el Poder Legislativo emite una resolución acusatoria de contenido penal se podría proceder.
Hasta el momento, ni la presidencia ni la oposición política se han pronunciado oficialmente sobre el fallo.
(Con información de agencias)
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