

El ministro de Hidrocarburos y Energía, Alejandro Gallardo, responsabilizó a la Asamblea Legislativa por las posibles pérdidas de inversiones en el proyecto de industrialización del litio si no se aprueban los contratos con empresas internacionales, como el de la china Hong Kong CBC. Este proyecto, clave para la economía boliviana, podría generar más de $2.000 millones en inversión extranjera, según el Ejecutivo.
Contratos transparentes y estratégicos
Gallardo recordó que el proceso comenzó en 2021 bajo la gestión del presidente Luis Arce, con una convocatoria inicial que incluyó 20 empresas y una internacional en 2024 con 21 participantes. Tras evaluaciones técnicas, financieras y tecnológicas, se firmaron 14 convenios con empresas de países como China, Australia y Alemania. En 2024, se concretaron dos contratos con Hong Kong CBC, en septiembre y noviembre, siguiendo la normativa vigente.
Proceso legislativo bajo escrutinio
Actualmente, los contratos están en revisión en la Asamblea Legislativa. Gallardo aclaró que el Ejecutivo solo asiste para resolver dudas técnicas, respetando la independencia de los asambleístas. Sin embargo, criticó que algunos legisladores priorizan agendas personales o partidarias, e incluso han emitido declaraciones regionalistas y ofensivas, lo que calificó como «inaceptable» en un espacio democrático.
Beneficios económicos y oportunidad histórica
El proyecto involucra solo el 1,34% de las 21 millones de toneladas de litio del Salar de Uyuni y el 2% de su superficie, desmintiendo rumores sobre afectaciones al turismo o al recurso total. Se espera que genere empleos, transferencia tecnológica y fortalezca la economía nacional. Además, el ministro destacó la urgencia de actuar antes de 2031-2032, cuando el litio será clave para la electromovilidad y el hidrógeno verde, según estudios internacionales.
Tecnología sostenible y sin riesgos para el Estado
El contrato con Hong Kong CBC utiliza la tecnología Direct Lithium Extraction (DLE), que consume entre 60 y 90 m³ de agua por tonelada, menos del 8,7% de la recarga hídrica anual del salar. Gallardo desmintió que se usen 2 millones de litros por tonelada, como afirman algunos críticos. Además, aclaró que el proyecto no implica deuda para Bolivia, ya que la empresa asume los riesgos iniciales en estudios y construcción.
Llamado a la responsabilidad legislativa
El Ejecutivo enfatizó que ha cumplido su rol al presentar contratos transparentes y respaldados técnicamente. «La decisión está en manos de la Asamblea. Si no aprueban, será su responsabilidad», afirmó Gallardo, advirtiendo que el rechazo podría llevar las inversiones a otros países. Subrayó que la industrialización del litio es una necesidad nacional, no una agenda política, y desmintió acusaciones sobre participación de familiares del presidente en los contratos.
Un futuro en juego
La no aprobación de estos contratos podría significar la pérdida de una oportunidad histórica para Bolivia, según el ministro. La industrialización del litio no solo atraería divisas, sino que posicionaría al país como un actor clave en el mercado global de baterías. El Ejecutivo espera que los legisladores actúen con visión de país y respeto hacia los ciudadanos.
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