

La sesión de la Cámara de Diputados, convocada para discutir el contrato de producción de carbonato de litio entre Yacimientos de Litio Bolivianos (YLB) y la empresa china Hong Kong CBC Investment Limited, se vio marcada por un acto de violencia. La diputada de Comunidad Ciudadana (CC), María José Salazar, fue agredida físicamente por la legisladora Verónica Aguilera, de Creemos, mientras exigía un voto nominal durante el debate.
El altercado ocurrió en el marco de la 144ª sesión plenaria, que incluía el análisis del proyecto de ley 197/2024-2025, suscrito el 26 de noviembre de 2024, para la explotación de litio en el salar de Uyuni. La tensión escaló debido a las críticas sobre la falta de transparencia en el proceso.
Agresión durante la intervención
Durante su intervención, Salazar expresó su preocupación por la integridad del proceso legislativo, declarando: “No puede ser que esto se convierta en un mercado donde cada uno le pone un precio a su voto”. En ese momento, imágenes difundidas en redes sociales captaron cómo Aguilera, desde atrás, le tapó la boca con la mano, en un intento de silenciarla. El gesto generó indignación entre los presentes y en la opinión pública.
El incidente refleja el clima de polarización en torno al contrato, que ha sido cuestionado por sectores cívicos y legisladores por presuntas irregularidades y falta de consulta previa con comunidades locales.
Contexto del contrato de litio
El proyecto de ley busca aprobar un contrato para la construcción de dos plantas de carbonato de litio en el salar de Uyuni, con una inversión de 1.030 millones de dólares por parte de la empresa china. Sin embargo, figuras como el diputado Miguel Roca han señalado que el acuerdo otorga excesiva autonomía a la empresa extranjera y establece una tasa de interés del 12% para Bolivia, considerada alta frente a estándares internacionales.
Además, el Comité Cívico de Potosí ha rechazado el contrato, argumentando que las regalías del 3% son insuficientes y que no se realizaron consultas previas con las comunidades afectadas.
Reacciones y consecuencias
La agresión a Salazar ha intensificado las críticas al manejo del proceso legislativo. Diputados opositores, como José Benavides, han calificado el contrato de “anticonstitucional” y han solicitado su aplazamiento para mayor socialización. Por su parte, el presidente de la Cámara de Diputados, Omar Yujra, ha defendido la necesidad de continuar el debate, aunque reconoció la desinformación existente.
El incidente ha sido condenado por organizaciones cívicas y usuarios en redes sociales, quienes exigen una investigación sobre la conducta de Aguilera. Hasta el momento, no se han reportado sanciones oficiales ni pronunciamientos de la legisladora implicada.
Futuro del proyecto
El contrato de litio permanece en el centro de la controversia, con sectores exigiendo mayor transparencia y participación ciudadana. La sesión fue suspendida tras el incidente, y se espera que el debate se reanude tras un proceso de socialización más amplio, como anunció Yujra.
Mientras Bolivia, poseedora de las mayores reservas de litio del mundo (23 millones de toneladas), busca avanzar en su industrialización, este episodio pone en evidencia los desafíos políticos y sociales que enfrenta el país para gestionar este recurso estratégico.
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