Tras la reunión interinstitucional en la ciudad de Santa Cruz para prevenir delitos en razón de género y juvenil, el Ministerio Público se comprometió a realizar una persecución penal “estricta” para sancionar a los agresores en unidades educativas.
“Cómo Ministerio Público comprometemos un seguimiento estricto a los casos de diferentes tipos de violencia en unidades educativas, donde se tiene involucrados a menores de edad, con el objetivo de conocer la verdad histórica de los hechos y sancionar a los responsables en base a nuestras leyes vigentes”, aseveró el fiscal departamental, Roger Mariaca.
Asimismo, adelantó que se apoyará en la capacitación a estudiantes, maestros y padres de familia, sobre los alcances de Ley 348 Integral para Garantizar a las Mujeres una Vida libre de Violencia y la Ley 548 Código Niño, Niña y Adolescente, en específico cuáles son las sanciones, derechos y responsabilidades.
Se tiene previsto realizar talleres y ferias para difundir temáticas que puedan promover valores para erradicar toda forma de violencia.
En los últimos días se conoció hechos de abuso sexual cometidos al interior de una unidad educativa privada y otra fiscal en la ciudad de Santa Cruz. Además de otros casos de violencia donde los agresores son menores de edad y las víctimas son niños de primaria.
Esto llegó a conmocionar a la sociedad que ahora exige un plan integral de seguridad para cuidar a la niñez y la adolescencia en las unidades educativas.
El Gobierno y actores del sistema educativo y dé seguridad conformaron una comisión multidisciplinaria para analizar medidas y acciones de políticas de Estado contra la violencia en unidades educativas.
Este encuentro marcó el inicio de las tareas para delinear políticas en defensa de la niñez y adolescencia en las unidades educativas públicas, de convenio y privadas.