En el juicio por los hechos de violencia en Senkata (2019), la Fiscalía redujo drásticamente su lista de testigos de cargo: de 430 iniciales a solo 29, alegando que no logra ubicarlos. La defensa de los 18 acusados –entre ellos la expresidenta Jeanine Añez– denuncia que el argumento es insostenible, ya que la mayoría son militares y policías cuyos datos están registrados.
¿Por qué el recorte?
Según la abogada Giomar Ávila, defensora de uno de los acusados, la Fiscalía busca acelerar el proceso para obtener una condena «sin fundamentos». En declaraciones a Visión 360, Ávila sostuvo que ni las pruebas documentales ni los testimonios respaldan la acusación de genocidio.
- Detalle clave: De los 29 testigos que declararon, algunos eran supuestas víctimas y otros, efectivos militares.
- Crítica de la defensa: La Fiscalía no explicó por qué no puede localizar a testigos que, al ser funcionarios públicos, tendrían sus datos accesibles.
Irregularidades en el proceso
Ávila calificó de «irresponsable» la actuación fiscal y reveló otras irregularidades:
- Testigos direccionados: El martes, el tribunal suspendió la declaración de un testigo del Sepdavi (Servicio de Asistencia a la Víctima) por presunta influencia en su testimonio.
- Pruebas documentales: Solo el 30% de las presentadas fueron admitidas tras cuatro meses de revisión.
- Amenazas a defensores: Abogados recibieron mensajes intimidatorios, incluso con datos de sus familias. El tribunal pidió investigación, pero no hubo avances.
Contexto del caso
El juicio, iniciado en octubre de 2023, involucra a exautoridades acusadas por la represión en la planta de YPFB-Senkata (El Alto), donde murieron 10 personas en 2019. La Fiscalía originalmente presentó más de 500 testigos, pero el tribunal redujo su número para evitar dilaciones.
Las audiencias virtuales continúan tres días a la semana, mientras la defensa insiste en la falta de pruebas para sustentar el delito de genocidio.
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