

El gobierno de Brasil destituyó este miércoles al presidente del Instituto Nacional del Seguro Social (INSS) y suspendió a otros cuatro funcionarios por su presunta implicación en un esquema fraudulento que habría desviado $us 1.100 millones de jubilaciones entre 2019 y 2024.
La investigación, liderada por la Contraloría General de la Unión (CGU) y la Policía Federal, detectó débitos no autorizados en las cuentas de 5,4 millones de pensionados, muchos de ellos sin conocimiento ni consentimiento.
Falsificación de firmas y posible complicidad oficial
El esquema involucraba a sindicatos y asociaciones que, bajo la apariencia de ofrecer servicios legales o descuentos en salud, realizaban cobros ilegales con presunta complicidad de empleados del INSS.
La mayoría de los afectados denunció la falsificación de firmas. Como parte de la operación, la Policía Federal ejecutó más de 200 allanamientos, arrestó a tres sospechosos e incautó bienes valorados en $us 175 millones.
Golpe político para Lula en un momento de desgaste
Aunque el gobierno del presidente Luiz Inácio Lula da Silva encabeza la investigación, el caso representa un nuevo golpe a su imagen, ya afectada por la inflación y recientes denuncias de corrupción.
El fraude, que se habría originado en 2016 durante los gobiernos de Michel Temer y Jair Bolsonaro, ha desatado críticas por afectar a uno de los sectores más vulnerables: los jubilados.
Este escándalo se suma a otros episodios recientes que han generado controversia. A inicios de abril, el exministro de Comunicaciones, Juscelino Filho renunció tras ser acusado de aceptar sobornos. Días después, el asilo concedido a la ex primera dama peruana Nadine Heredia, condenada por lavado de dinero, fue cuestionado por la oposición.
El Estado promete reembolsos y medidas de control
La Abogacía General de la Unión (AGU) formó un equipo especial para recuperar los fondos y compensar a los afectados. Por su parte, el INSS —actualmente intervenido— anunciará nuevas medidas de control para evitar futuros fraudes.
El ministro de Justicia, Ricardo Lewandowski, calificó el caso como un “crimen contra quienes están en situación de debilidad”.
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