

La agencia Moody’s Ratings degradó este jueves la calificación crediticia de Bolivia de Caa3 a Ca, situándola al borde del incumplimiento, y advirtió sobre un elevado riesgo de crisis cambiaria por el agotamiento de las reservas internacionales y las divisiones políticas que frenan medidas económicas urgentes.
El gobierno boliviano enfrenta un dilema crítico: usar sus escasos dólares para pagar la deuda externa o garantizar importaciones esenciales, como combustibles. Las reservas líquidas se desplomaron a solo 50 millones de dólares a fines de 2023, menos del 1% del PIB, frente a los 13.200 millones de una década atrás.
Este deterioro refleja problemas estructurales. Entre 2015 y 2024, Bolivia registró déficits fiscales y de cuenta corriente promedio de 7.3% y 2.6% del PIB, respectivamente. La caída de las exportaciones de hidrocarburos, antes pilar de divisas, y los costosos subsidios a combustibles agravaron la crisis, forzando al Banco Central a financiar el gasto público.
Política cambiaria
La política de tipo de cambio fijo, anclado en 6.96 bolivianos por dólar, ha intensificado los desequilibrios. Lejos de estabilizar la economía, ha generado escasez de divisas, presiones inflacionarias y distorsiones en el mercado cambiario.
Las fracturas políticas dentro del Movimiento al Socialismo (MAS) complican aún más la situación. Moody’s destacó que estas divisiones han debilitado la capacidad del gobierno para aplicar reformas que frenen la fuga de capitales y restauren la confianza de los inversionistas.
En un ajuste adicional, la agencia recortó los techos de calificación para deuda en moneda local y extranjera, reflejando mayores riesgos de restricciones cambiarias. No obstante, señaló un posible alivio: más de 1.600 millones de dólares en créditos internacionales, pendientes de aprobación legislativa, podrían fortalecer las reservas a corto plazo.
Para los bolivianos, las consecuencias son inmediatas. El acceso a financiamiento externo será más costoso, la inflación amenaza los precios de productos básicos y crece la incertidumbre sobre una posible devaluación. Con la calificación a un paso del default, las decisiones del gobierno en los próximos meses serán decisivas para evitar una crisis más grave.
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