

La investigación sobre la violenta irrupción en la plaza Murillo el 26 de junio de 2024 (26J) cobró impulso esta semana con la aprehensión de cuatro sospechosos, la liberación del jurista Jorge Valda y la búsqueda de un quinto implicado, cuya identidad aún no revelan las autoridades.
El juez Eddy Junior Flores decidió el sábado que Valda, detenido el viernes en Santa Cruz, enfrente el proceso en libertad, desestimando la solicitud de detención domiciliaria planteada por el Ministerio Público. La Fiscalía acusó al jurista de intentar influir en testigos y señaló en sus documentos al diputado de Creemos Andrés Richard Ribera Salas por presuntos vínculos con Fernando Hamdan, supuesto articulador de los hechos.
Hasta el momento, la Policía ejecutó cuatro de las cinco órdenes de aprehensión emitidas:
- Marco Bracamonte (general en retiro) y Bismarck Imaña, trasladados desde Cochabamba.
- Mario Tanaka Arauz (coronel en retiro), detenido en Tarija.
- Jorge Valda, liberado tras su audiencia.
El ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, confirmó que un quinto sospechoso permanece prófugo, aunque no ofreció detalles sobre su identidad. “Esperamos su captura en las próximas horas”, aseguró.
El estreno del documental oficial ¿Qué pasó el 26J en Bolivia? el viernes reavivó el debate público. La producción vincula a Hamdan y al excomandante Juan José Zúñiga, encarcelado por el intento de golpe, con una presunta red que incluiría a los investigados.
Denuncias y tensiones
Valda y su defensa denunciaron irregularidades en su detención, calificándola de “secuestro” y alegando que fue trasladado sin orden judicial. Las autoridades no han respondido a estas acusaciones.
Con los cuatro detenidos ya en La Paz, la atención se centra en el prófugo y en el desarrollo de las pesquisas. El Gobierno reitera su compromiso de esclarecer los hechos del 26J, cuando militares liderados por Zúñiga irrumpieron en la plaza Murillo, desencadenando arrestos masivos y señalamientos de conspiración.
La Fiscalía enfrenta el desafío de sustentar las acusaciones contra los investigados, mientras la defensa de Valda insiste en su inocencia. Este nuevo capítulo judicial podría arrojar luz sobre posibles conexiones políticas y mantener al caso en el centro de la controversia.
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