El Gobierno del presidente Luis Arce Catacora fracasó en su intento de reformar el sistema judicial en Bolivia, de tal manera que este sea independiente del poder político, afirmó este viernes Human Rights Watch (HRW) en su informe mundial 2023.
“Tras ganar las elecciones presidenciales en octubre de 2020, el presidente Arce señaló que el sistema de justicia debía ser independiente de la política, pero su Gobierno ha fracasado en adoptar medidas concretas para reformarlo”, se menciona en el documento.
Esa organización no gubernamental de origen estadounidense resalta que en Bolivia se instrumentaliza a la justicia para enjuiciar con acusaciones desproporcionadas e infundadas, como en el caso de la expresidente transitoria Jeanine Áñez.
“En marzo de 2021, la policía detuvo a la expresidenta Áñez y a dos de sus exministros en relación con acusaciones de terrorismo y otros delitos. El fiscal general luego acusó a Áñez por genocidio en relación con dos masacres que se produjeron durante su gobierno interino. Human Rights Watch examinó los documentos de la acusación y concluyó que los cargos de terrorismo y genocidio eran infundados y manifiestamente desproporcionados. La definición de estos delitos en el derecho boliviano es excesivamente amplia. En octubre de 2022, los dos exministros continuaban en prisión preventiva”, puntualiza el documento.
Sobre la injerencia política en la justicia, la entidad mundial de derechos humanos subraya que el informe de mayo del 2022 del relator especial de las Naciones Unidas sobre la independencia de los magistrados y abogados, Diego García-Sayán, advirtió que la injerencia externa en el sistema judicial de Bolivia es un problema persistente. Sin embargo, esto se agrava con algunos factores como el estatus de “transitorio” del 50 % de los jueces y el 70 % de los fiscales. Estos funcionarios judiciales no tienen estabilidad en el cargo y pueden ser pasibles a represalias, incluido el despido arbitrario, si toman decisiones que no agradan a quienes están en el poder.
El documento también reprocha el uso excesivo de la detención preventiva que provoca hacinamiento en las cárceles del país; solo hasta marzo del 2022, el 71% de las mujeres y el 65% de los hombres detenidos en el país aún estaban a la espera de un juicio.
“En abril, Marco Aramayo murió en su séptimo año de detención en medio de graves denuncias de atención médica inadecuada y malos tratos. En 2015, tras convertirse en director del fondo estatal de desarrollo indígena, denunció diversas tramas de corrupción en las cuales estaban presuntamente implicados importantes partidarios del gobierno de Morales. En vez de investigar adecuadamente esas acusaciones, los fiscales lo detuvieron y lo acusaron de corrupción, según el Instituto de Terapia e Investigación sobre las Secuelas de la Tortura y la Violencia de Estado (ITEI), una organización no gubernamental boliviana”, destaca HRW.