En Potosí, el Salar de Uyuni alguna vez representó una esperanza luminosa para nuestro futuro económico. Hoy, esa ilusión ha dado paso a una inquietante incertidumbre sobre el destino de nuestras reservas de litio. Tras décadas observando el devenir de este recurso, me queda claro que la falta de información ha sido nuestro mayor obstáculo, alimentando opiniones encontradas y un debate que no termina de resolverse.
Desde los tiempos de Jaime Paz Zamora hasta el gobierno de Luis Arce, un patrón se repite: los gobiernos bolivianos han desoído, contra toda lógica científica, los aportes de la Universidad Autónoma Tomás Frías (UATF). Esta institución ha acumulado conocimientos valiosos sobre el litio desde que se reportaron las reservas del salar, pero su expertise ha sido sistemáticamente ignorado. Un hito importante ocurrió durante la primera gran huelga del Comité Cívico Potosinista (Comcipo), en el gobierno de Paz Zamora, cuando la presión obligó al Ejecutivo a permitir que la UATF redactara los términos de referencia para una licitación internacional. Fue, quizás, la mayor oportunidad que un gobierno le concedió a la universidad.
En los años siguientes, la UATF no se detuvo. Continuó investigando, colaboró con universidades europeas y desarrolló tecnología propia para la evaporación de salmueras, incluso patentándola. Sin embargo, los gobiernos bolivianos hicieron caso omiso de estos avances, dejando que el potencial del litio permaneciera dormido.
En ese letargo, hubo quienes aprovecharon la inacción. Gonzalo Valda, figura influyente como parlamentario y ministro de Minería, desempeñó un papel cuestionable. Durante su gestión, la Ley 1854 redujo la reserva fiscal del salar, abriendo la puerta a concesiones privadas. Comcipo, siempre vigilante, denunció la maniobra y logró que la norma, bautizada con el nombre de Valda, fuera derogada. ¿Qué obtuvo Valda a cambio de sus movimientos? Nunca dejó pruebas claras. Un amigo abogado, que manejó parte de sus intereses en su momento de mayor poder, me confió que la fortuna del ex “cardenal” del MIR podría haber alcanzado los 15 millones de dólares, sin contar los negocios gestionados por otros profesionales.
Bolivia, hasta hoy, no ha logrado ingresar al mercado global del litio. Durante los casi 14 años de gobierno de Evo Morales, se evadió repetidamente esa posibilidad. Esta demora benefició a empresas en Australia, Chile y Argentina, que han multiplicado sus ganancias sin enfrentar la competencia de un país que, en teoría, posee las mayores reservas mundiales. Es difícil no sospechar que algunos actores externos habrían estado dispuestos a pagar por mantener ese retraso.
El litio, un recurso clave para reemplazar los combustibles fósiles, representa un negocio de miles de millones de dólares. Sin embargo, en el gobierno de Arce, las negociaciones han estado marcadas por afinidades ideológicas con empresas de ciertos países, mezclando lo político con lo técnico. Peor aún, denuncias de supuestos negociados, aún sin aclarar, han empañado el proceso en vísperas de una nueva campaña electoral.
El futuro del litio boliviano sigue siendo incierto, con un diagnóstico reservado. Potosí, y el país entero, merecen respuestas claras y una estrategia que convierta este recurso en el motor de desarrollo que siempre se nos prometió.
Juan José Toro Montoya es Premio Nacional en Historia del Periodismo.
La opinión expresada en este artículo es de exclusiva responsabilidad del autor y no representa una posición oficial de Enfoque News.
Author: Juan José Toro Montoya
Sobre el autor
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