La tiranía, la autocracia y el populismo autoritario —esa corriente política que desprecia los derechos individuales y las libertades colectivas— no han dejado de multiplicarse en Bolivia. Sus exponentes podrán discrepar sobre el manejo errático de la economía, el arraigo de la corrupción o el despilfarro de recursos públicos, ya sea en tiempos de bonanza o de crisis. Pero cuando se trata de vulnerar los derechos humanos, actúan con idéntica desvergüenza.
Evo Morales y Luis Arce han dado pruebas contundentes de su menosprecio por los derechos de quienes, circunstancialmente, se convierten en sus adversarios políticos, sociales, indígenas o empresariales. Basta recordar la confesión de García Linera sobre el «cogoteo» a privados para extorsionarlos, las muertes de José María Bakovic y Marco Antonio Aramayo, o la matanza en el hotel Las Américas, donde se eliminó a una supuesta célula terrorista que el propio régimen masista habría fabricado.
No hace falta retroceder demasiado para encontrar ejemplos recientes: la cacería y encarcelamiento de Jeanine Áñez, Luis Fernando Camacho, Marco Antonio Pumari, César Apaza y cerca de 300 bolivianos que osaron pensar y actuar en contra de la tiranía de turno. A esto se suma el encierro de más de 100 seguidores de Evo, acusados de terrorismo, el mismo delito que el caudillo empleó como arma durante sus 14 años en el poder.
De Evo Morales no cabe esperar flexibilidad política, menos aún cuando su destino está en juego. En el congreso de refundación iniciado el 29 de marzo, ante miles de «creyentes» nacionales y extranjeros, reafirmó que no existe ni existirá un plan B para la candidatura presidencial del Frente Para la Victoria, la sigla prestada. Al cierre del evento, presentó «Evo Pueblo», la nueva sigla que deja claro que el partido será de su exclusiva propiedad.
«Acá el candidato es Evo Morales, no hay plan B», proclamó en el estadio de Villa Tunari, repleto de partidarios, enviando un mensaje inequívoco: nadie que se diga evista o lo llame «hermano Evo» debe atreverse a sugerir un cambio en la postulación.
Contra viento y marea, Morales está decidido a inscribir su nombre en el Tribunal Supremo Electoral como aspirante presidencial, tras cinco años fuera del poder y cinco meses confinado en el trópico cochabambino. Su meta es clara: volver, gobernar y cobrarse venganza. Así de simple, así de peligroso.
Por su parte, Luis Arce, el otro rostro de la tiranía, no titubeó en aplicar la misma receta: apresar a líderes políticos y sociales de la oposición para demostrar que está dispuesto a ir más allá de lo que su antecesor se atrevió. Los derechos humanos, irrelevantes para los adeptos al socialismo del siglo XXI, no fueron obstáculo para capturar y encerrar en cárceles paceñas a más de 100 seguidores de Morales, en su mayoría provenientes del trópico.
Arce se juega su supervivencia. Enfrenta diariamente adversidades internas y externas, y necesita aferrarse al poder para protegerse a sí mismo y a los suyos. Autócrata como es, no dudará en recurrir a maniobras antidemocráticas para mantenerse al frente del Estado. Cuenta con los cinco magistrados prorrogados del Tribunal Constitucional Plurinacional —de un total de nueve— y con las cúpulas policial y militar, capaces de ejecutar lo impensable de aquí a la primera quincena de agosto.
No hay que pasar por alto lo que Morales reiteró en Villa Tunari: «Acá el candidato es Evo Morales, no hay plan B». Esto reduce casi a cero —aunque en política no hay absolutos— las posibilidades de que Andrónico Rodríguez pueda representar al evismo con la sigla del FPV o liderar una coalición en el ámbito nacional-popular.
Según el Tribunal Supremo Electoral, la inscripción de candidatos a la presidencia y vicepresidencia deberá concretarse a inicios de la segunda quincena de mayo, conforme al calendario electoral. Esto le deja a Andrónico un mes y medio para practicar una «espera activa»: sumar apoyos y aguardar la caída definitiva de Evo o el colapso irreversible de Arce.
Sin embargo, del vicepresidente de las federaciones cocaleras y presidente del Senado no se conoce una acción decidida para liberar a los presos políticos evistas, ni una crítica pública y sólida contra la toma de la Asamblea de Derechos Humanos o los encarcelamientos de opositores. Su silencio, ya proverbial, lo hizo cómplice de los abusos de poder tanto de Morales como de Arce.
Ese mutismo sugiere que Andrónico no sería diferente en materia de derechos humanos si llegara a la presidencia. Tal vez libere a sus cercanos, pero parece improbable que le tiemble la mano para seguir castigando a bolivianos con procesos judiciales amañados. Los tres —Evo, Arce y Andrónico— comparten la misma visión ideológica sobre la relación entre el Estado y la sociedad: la imposición.
Evo presionará con todo, incluso con una posible marcha hacia La Paz, para concretar su obsesión de inscribirse como candidato. Arce, urgido por garantizar su impunidad —otra obsesión—, hará lo necesario para no soltar el poder. Y Andrónico permanecerá al acecho, listo para dar el golpe y cumplir su sueño de someter a buena parte del país. Los tres, cortados con la misma tijera, coinciden en el atropello a los derechos individuales y el quebrantamiento de las libertades colectivas.
Edwin Cacho Herrera Salinas es periodista y analista.
La opinión expresada en este artículo es de exclusiva responsabilidad del autor y no representa una posición oficial de Enfoque News.
Sobre el autor
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