El ministro de Justicia, Iván Lima, afirmó este martes que las manifestaciones en Santa Cruz por la liberación del gobernador de ese departamento, Luis Fernando Camacho, puede ser usado como un riesgo procesal, lo que perjudica la situación jurídica de esa autoridad.
“Vamos al debate, vamos a la discusión ante el Tribunal de Justicia, no en las calles, en la calles contrariamente ayudarle le van a perjudicar, porque uno de los riesgos procesales -hay que destacarlo- es justamente esta situación de conflicto en Santa Cruz”, dijo el ministro en la ciudad de Sucre, donde asistió a la inauguración del año judicial.
En Santa Cruz las protestas empezaron el mismo día que fue aprehendido, es decir, el 29 de diciembre en la noche se concentraron y protestaron contra la Policía, la Fiscalía fue quemada en medio de los pedidos de liberación de su gobernador.
Los próximos días y durante seis días las movilizaciones no han cesado, la Policía ha reprimido a los manifestantes prácticamente todas las noches, evitando las concentraciones en el Cristo Redentor.
Camacho es acusado por el delito de terrorismo en el denominado caso golpe de Estado I, junto a otras exautoridades entre ellas la expresidenta Jeanine Añez y exministros. El gobernador y exlíder cívico lideró las manifestaciones en 2019 hasta la renuncia del entonces presidente Evo Morales.
Por otra parte, el ministro Lima informó que las tres instituciones estatales: la Fiscalía, la Procuraduría General del Estado y el Ministerio de Gobierno, presentaron un recurso de apelación para que la autoridad jurisdiccional amplíe a seis meses la detención preventiva de Camacho.
“La Fiscalía, la Procuraduría y el Ministerio de Gobierno solicitaron que se amplíe la detención preventiva por seis meses del gobernador Luis Fernando Camacho. La defensa pidió que tenga medidas alternativas la detención preventiva”, sostuvo el titular del Ministerio de Justicia.
Manifestó que en los próximos días seguro que se resolverá las apelaciones, una vez que sea sorteado y una de las salas del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz da curso o no a las peticiones.
En todo caso, dijo que los vocales de la sala penal “deben ser preservados en su independencia judicial”, independencia que el Gobierno garantizará. Acotó que las partes deben llevar a dicha audiencia sus argumentos jurídicos y no buscar su liberación a través de las medidas de presión.
“Vamos al debate y a la discusión en los tribunales”, afirmó la autoridad. Al aludir que las movilizaciones que hace siete días se desarrollan en Santa Cruz no son el camino, más por el contrario dijo que pueden perjudicar a la situación jurídica del gobernador.