

Un fiscal de Santa Cruz y siete efectivos de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) allanaron este miércoles las oficinas nacionales de Derechos Reales (DDRR), la Dirección General Administrativa Financiera (DGAF) y la Unidad de Servicios Informáticos del Consejo de la Magistratura en Sucre, Chuquisaca. La intervención, autorizada por orden judicial, busca recabar pruebas sobre manipulación informática y un supuesto desfalco de dos millones de bolivianos, vinculado a la alteración de registros inmobiliarios.
El operativo se enmarca en una investigación que comenzó en septiembre de 2024, tras una denuncia del Consejo de la Magistratura sobre irregularidades en los sistemas informáticos de las oficinas de Derechos Reales en Santa Cruz. Allí se detectó la modificación indebida de gravámenes de propiedades, lo que habría generado el desvío de fondos destinados al Órgano Judicial. Tras seis meses de pesquisas, las autoridades ampliaron el caso a las dependencias nacionales en Sucre.
Autoridades prometen transparencia
El presidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Romer Saucedo, respaldó el allanamiento y afirmó que no se encubrirá a los responsables. “Estamos para coadyuvar y no vamos a proteger a nadie”, enfatizó. Por su parte, Manuel Baptista, presidente del Consejo de la Magistratura, informó que se revisaron archivos y se incautó documentación clave para esclarecer los hechos.
La directora nacional de Derechos Reales, Margarita Challhua, aseguró que las irregularidades ocurrieron en gestiones pasadas y prometió plena colaboración con la investigación. “Como nuevas autoridades, no toleraremos ningún acto irregular”, afirmó.
Funcionarios bajo la lupa
Hasta el momento, ocho empleados de Derechos Reales —tres de Santa Cruz y cinco de Beni— han sido vinculados al caso, aunque permanecen en libertad. En Santa Cruz, un registrador y dos funcionarios enfrentaron detención preventiva, pero ya fueron liberados. Además, Challhua y el jefe de servicios informáticos fueron citados como testigos.
Las autoridades judiciales no descartan que las irregularidades se extiendan a otras regiones del país. Mientras el caso avanza, se analizan los documentos incautados para determinar el alcance del presunto desfalco y las responsabilidades involucradas.
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