

La defensa del gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, evalúa solicitar sanciones internacionales contra el ministro de Justicia, César Siles, por no acatar la resolución del Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria de la ONU, que exige la liberación inmediata del político.
Martín Camacho, abogado del gobernador, afirmó que el informe del organismo internacional tiene carácter vinculante para Bolivia, país que ha suscrito tratados que equiparan las decisiones de la ONU al rango de la Constitución. «Me sorprende que el ministro de Justicia diga que ‘no es la CIDH’. Existen dos sistemas de protección de derechos humanos: el interamericano, con la CIDH y la OEA, y el universal, liderado por la ONU, con alcance global», explicó en una entrevista con Red Uno.
El jurista subrayó que, si el Gobierno reconoce la autoridad de la CIDH, también debe aceptar la del Grupo de Trabajo de la ONU, que desempeña un rol similar en el ámbito internacional. «No se trata de una absolución, sino de que la detención de Camacho fue arbitraria», precisó. Según el informe, la aprehensión careció de sustento legal, y el uso del delito de terrorismo se habría instrumentalizado para fines de persecución política.
El documento también señala actos de discriminación por motivos políticos y la criminalización de derechos como la protesta, la libre expresión y la manifestación pública. Además, exige la «inmediata liberación» de Camacho, la restitución de sus derechos y una posible indemnización, sin interferir en el juicio en curso, sino cuestionando la legalidad del proceso de detención.
«El ministro Siles debió notificar al tribunal para cumplir con la resolución, pero ha sido el primero en rechazarla», denunció el abogado. Ante este incumplimiento, la defensa advirtió que podría recurrir a mecanismos internacionales para sancionar a las autoridades responsables, sin implicar al Estado boliviano en su conjunto.
Martín Camacho indicó que la Human Rights Foundation, junto al jurista Javier El-Hage, liderará gestiones ante países firmantes de tratados para aplicar medidas contra Siles. Estas podrían incluir la cancelación de visas, restricciones de viaje, congelamiento de cuentas o embargos de bienes en naciones miembros de la ONU.
La defensa insistió en que el Gobierno ha excedido los plazos razonables de detención preventiva y reiteró que el cumplimiento del informe de la ONU es obligatorio.
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