Las intensas lluvias que azotan Bolivia han desencadenado una crisis humanitaria, dejando 45 municipios en estado de desastre y afectando a más de 229.727 familias, según informó este viernes el viceministro de Defensa Civil, Juan Carlos Calvimontes. Las precipitaciones han provocado inundaciones, deslizamientos y el colapso de vías, impactando a 2.509 comunidades en todo el país.
Del total de familias afectadas, 170.805 han sido catalogadas como «afectadas» y 58.922 como «damnificadas», lo que evidencia la magnitud de la emergencia. Los departamentos más golpeados incluyen Oruro y Chuquisaca. En este último, seis municipios han sido declarados en desastre, con más de 8.000 familias perjudicadas. Oruro, por su parte, ha registrado lluvias torrenciales que han agravado la situación en la región.
Emergencias generalizadas
Las precipitaciones han generado deslizamientos, inundaciones y mazamorras (flujos de lodo y piedras), además del cierre de importantes vías de comunicación. En total, 132 municipios y 2.509 comunidades están sufriendo los estragos del clima. Según Calvimontes, los 45 municipios en estado de desastre carecen de los recursos necesarios para hacer frente a la crisis, algunos de ellos golpeados por eventos climáticos extremos por segunda o tercera vez en un corto período.
Ante este panorama, el viceministro instó a los legisladores a aprobar con urgencia un crédito internacional por 75 millones de dólares, ya firmado con la Corporación Andina de Fomento (CAF), para financiar la respuesta a la emergencia. Estos fondos, que serán canalizados a través del Banco Central de Bolivia, son esenciales para la implementación de acciones inmediatas.
Impacto y desafíos
La declaratoria de desastre en 45 municipios no solo refleja la magnitud de la crisis, sino también la vulnerabilidad de las comunidades ante eventos climáticos extremos. La falta de recursos y la recurrencia de estos fenómenos amenazan la seguridad alimentaria, la infraestructura y la salud de miles de bolivianos.
Mientras las lluvias continúan, autoridades y población enfrentan el desafío de mitigar los daños y reconstruir las zonas afectadas, en un contexto que demanda respuestas rápidas y coordinadas.
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