El Órgano Judicial de Bolivia, conformado por el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), el Tribunal Agroambiental (TA) y el Consejo de la Magistratura (CM), declaró este martes una «emergencia presupuestaria» ante un déficit financiero de al menos Bs 140 millones. La medida busca garantizar el funcionamiento institucional y preservar la independencia judicial en el país.
En una conferencia de prensa conjunta, representantes de las tres entidades manifestaron su preocupación por la falta de recursos, que afecta directamente la contratación de personal eventual y la atención a los litigantes en todo el territorio nacional. Romer Saucedo, presidente del TSJ, advirtió que sin financiamiento adecuado, el Órgano Judicial no podrá operar de manera oportuna y eficiente.
«Sin presupuesto, no podemos hablar de reformas normativas ni garantizar el funcionamiento del sistema judicial. Por ello, hemos solicitado a la Comisión de la Ley 898 que nos declare en emergencia presupuestaria, para que el Ministerio de Economía asigne los recursos necesarios», declaró Saucedo.
Por su parte, el presidente del Consejo de la Magistratura, Manuel Baptista Espinoza, respaldó la declaratoria y enfatizó que sin financiamiento, cualquier proyecto o reforma impulsada por el Órgano Judicial quedaría paralizado. «Sin presupuesto, ninguna política o iniciativa será viable. Es urgente atender esta situación», afirmó.
Saucedo precisó que el déficit de Bs 140 millones impide la contratación de personal eventual, consultores en línea y otros recursos humanos esenciales para la atención directa a la ciudadanía. Asimismo, reiteró la necesidad de que el Órgano Judicial reciba el 3% del Presupuesto General del Estado, porcentaje que consideran fundamental para mantener su independencia y operatividad.
La declaratoria de emergencia presupuestaria expone las severas limitaciones financieras que enfrenta el sistema judicial boliviano y sus posibles repercusiones en el acceso a la justicia. Las autoridades judiciales esperan una pronta respuesta del Gobierno para evitar un colapso en sus funciones.
Este escenario marca un punto crítico en la administración de justicia en Bolivia, subrayando la urgencia de garantizar recursos suficientes no solo para la operatividad del Órgano Judicial, sino también como un pilar esencial para la democracia y el Estado de derecho.
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