Este 10 de enero se cumplen 19 años desde que Daniel Ortega regresó al poder en Nicaragua, tras ganar las elecciones de 2006. Desde entonces, el exlíder sandinista transformó un mandato electo en un régimen autoritario marcado por la eliminación de la competencia política, la concentración absoluta del poder y una represión sostenida contra la disidencia. El proceso, que se consolidó gradualmente, derivó en la dictadura más dura que ha vivido el país en décadas.
El regreso al poder con reglas hechas a medida
Daniel Ortega volvió a la Presidencia en enero de 2007 luego de modificar el sistema electoral mediante un pacto político con el entonces líder liberal Arnoldo Alemán. La reforma constitucional redujo el porcentaje necesario para ganar en primera vuelta del 45 al 35 por ciento. Con el voto opositor dividido, Ortega obtuvo la presidencia con apenas el 38 por ciento de los sufragios en 2006.
Durante años, el Frente Sandinista no había logrado superar ese techo electoral. El cambio de reglas resultó decisivo para su retorno al poder tras tres derrotas consecutivas.
La primera etapa: alianzas y control silencioso
Entre 2007 y 2017, el régimen se sostuvo sobre una red de alianzas políticas, económicas y religiosas. Ortega pactó con la jerarquía de la Iglesia católica, el gran capital y partidos tradicionales, mientras Estados Unidos y la Unión Europea lo aceptaron como una opción de estabilidad relativa.
El respaldo económico de Venezuela permitió financiar programas sociales y construir una amplia base clientelar. En ese período, Nicaragua registró un crecimiento económico promedio superior al 3 por ciento anual y una represión selectiva, sin cierres masivos de medios ni persecuciones generalizadas.
El desmontaje de la democracia
Bajo esa aparente estabilidad, el Gobierno avanzó en el control total del Estado. Desde 2008 se denunciaron fraudes electorales y se anuló en la práctica la alternancia en el poder. En 2011, una sentencia judicial habilitó la reelección presidencial, y en 2014 una reforma constitucional instauró la reelección indefinida.
Las elecciones dejaron de ser competitivas. El oficialismo definía quién podía participar y quién ganaba, mientras la abstención crecía como señal de desconfianza ciudadana.
2018: el punto de quiebre
La crisis estalló en abril de 2018, cuando protestas contra reformas al sistema de seguridad social se transformaron en una rebelión cívica nacional. La respuesta estatal fue una represión que dejó cientos de muertos, miles de heridos y un éxodo masivo de nicaragüenses.
Desde entonces, el país entró en una fase de represión permanente. Periodistas, líderes estudiantiles, defensores de derechos humanos, religiosos y opositores políticos fueron encarcelados, desterrados o despojados de su nacionalidad.
Elecciones sin competencia y poder absoluto
En 2021, el régimen encarceló a siete aspirantes presidenciales y celebró comicios sin oposición real. Ortega se reeligió nuevamente sin competencia política, consolidando un punto de no retorno democrático.
Reformas constitucionales posteriores, en 2022 y 2025, terminaron de desmantelar el orden legal. Ese último cambio introdujo la figura de la copresidencia, formalizando el poder de Rosario Murillo, esposa de Ortega y actual figura central del régimen.
Rosario Murillo y la sucesión dinástica
Con Ortega cercano a los 80 años y cada vez más ausente de la vida pública, Murillo concentra el control del discurso oficial, la administración estatal y los aparatos represivos. Analistas coinciden en que la dictadura evolucionó hacia un modelo familiar, diseñado para garantizar la continuidad en el poder.
Economía debilitada e incertidumbre regional
Desde 2018, la economía nicaragüense crece en promedio apenas un 2 por ciento anual, muy por debajo de la década anterior. La represión constante y el aislamiento internacional han debilitado los pilares del régimen.
El escenario regional, especialmente los cambios políticos en Venezuela, principal aliado del Gobierno junto con Cuba, introduce un nuevo factor de presión sobre Managua.
Un país marcado por el exilio
A 19 años del retorno de Ortega, Nicaragua enfrenta una crisis prolongada de derechos humanos y gobernabilidad. Decenas de miles de ciudadanos viven en el exilio, entre ellos antiguos aliados del sandinismo que hoy califican al régimen como una dictadura cruel, sostenida por el miedo y la concentración absoluta del poder.
(Con información de agencias)




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