
La Asociación Nacional de Colegios Particulares de Bolivia (Andecop) afirmó que cualquier modificación al costo educativo para la gestión 2026 debe analizarse de manera individual en cada unidad educativa, según su realidad económica y previa socialización con los padres de familia. La posición surge tras el congelamiento de las pensiones escolares dispuesto por el Ministerio de Educación mediante la Resolución Ministerial 0001/2026, vigente desde el inicio de las inscripciones el 19 de enero.
Análisis por unidad educativa
La presidenta de Andecop, Patricia Marín, señaló que no todos los colegios privados enfrentan las mismas condiciones financieras, por lo que un ajuste generalizado no refleja la diversidad de realidades del sector. Indicó que cualquier modificación debe considerar a la comunidad educativa de cada establecimiento y acordarse con los padres de familia.
Marín remarcó que la asociación no promueve incrementos automáticos, sino evaluaciones responsables basadas en criterios propios de cada unidad educativa.
Recurso de revocatoria contra la norma
Andecop anunció la presentación de un recurso de revocatoria contra el artículo 76 de la Resolución Ministerial 0001/2026, que congela las mensualidades durante el periodo de inscripciones. El asesor legal de la asociación, Antonio Villena, informó que el recurso será interpuesto ante el Ministerio de Educación y Ciudadanía dentro del plazo de 10 días hábiles, conforme a la Ley 2341 de Procedimiento Administrativo.
Villena explicó que la medida responde a que las observaciones del sector no fueron incorporadas, pese a la participación de Andecop en reuniones convocadas por la cartera de Estado.
Qué establece el artículo 76
La normativa dispone el congelamiento de las pensiones escolares durante las inscripciones y prevé que, en abril, una comisión mixta —integrada por el Ministerio de Educación, el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas y Andecop— evalúe la posibilidad de un ajuste, considerando la situación económica del país y la política salarial vigente.
Además, prohíbe cualquier cobro adicional a las diez pensiones anuales, como reserva de plaza, matrícula, derecho de inscripción, material educativo o gastos administrativos, obligación que debe constar en los contratos de cada colegio privado.
Postura sobre costos y salarios
Villena sostuvo que no se debe hablar de incrementos, sino de modificaciones acordes a la realidad económica de cada unidad educativa. Precisó que, aunque el salario mínimo nacional aumentó en 20%, los colegios privados no ajustaron sus pensiones en esa misma proporción.
Aclaró que el objetivo de Andecop es abrir un espacio de diálogo con el Ministerio de Educación para debatir mecanismos que permitan sostener y mejorar la calidad educativa, más que confrontar por el ajuste de pensiones.
Contenidos regionalizados y falta de materiales
Sobre los contenidos regionalizados, Marín indicó que varios colegios privados ya los aplican desde gestiones anteriores, especialmente en La Paz y Santa Cruz. En el caso paceño, destacó la incorporación de la lengua y cultura aymara en el nivel primario.
No obstante, advirtió la falta de textos oficiales producidos por instancias estatales, lo que ha llevado a utilizar material educativo de países vecinos como Perú y Chile, donde existe mayor producción editorial sobre culturas indígenas.



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