El Gobierno de España y la Conferencia Episcopal Española acordaron un plan conjunto para compensar a víctimas de abuso sexual cometidos por miembros del clero cuyos agresores han fallecido o cuyos delitos han prescrito. El acuerdo fue anunciado este jueves en Madrid y busca destrabar un conflicto prolongado sobre la responsabilidad de reparación a las víctimas.
La medida permitirá que las personas afectadas soliciten reconocimiento y compensación económica sin necesidad de acudir directamente a la Iglesia, a través de un mecanismo supervisado por el Estado y el defensor del pueblo.
Un acuerdo para saldar una deuda pendiente
El ministro de Justicia, Félix Bolaños, explicó que el plan permitirá atender a cientos de víctimas que hasta ahora no tenían vías de reparación. Señaló que el Estado llega tarde, pero que el acuerdo reconoce formalmente el daño sufrido y garantiza compensaciones económicas que serán pagadas por la Iglesia.
El pacto busca cerrar diferencias entre el Ejecutivo de izquierda y las autoridades eclesiásticas sobre cómo abordar las reparaciones en un país que ha experimentado una fuerte secularización en las últimas décadas.
El rol clave del defensor del pueblo
Según el nuevo procedimiento, las víctimas podrán presentar su solicitud ante el Ministerio de Justicia. Esta será remitida al defensor del pueblo, que evaluará el caso y propondrá un paquete de compensación.
La propuesta será revisada por un comité de la Iglesia. Si no hay acuerdo, el caso pasará a una comisión conjunta integrada por representantes de la Iglesia, del defensor del pueblo y de asociaciones de víctimas. En caso de desacuerdo final, prevalecerá la decisión del defensor del pueblo.
Antecedentes y cifras del problema
España comenzó a enfrentar de forma sistemática los abusos sexuales en el ámbito eclesiástico en la última década, impulsada por investigaciones periodísticas y por un informe del defensor del pueblo presentado en 2023. Ese documento, de unas 800 páginas, analizó 487 casos y estimó que las posibles víctimas podrían ser cientos de miles.
La Conferencia Episcopal rechazó esa estimación y afirmó que su investigación identificó 728 abusadores desde 1945, la mayoría de los delitos cometidos antes de 1990 y con un 60 % de agresores ya fallecidos.
Compensaciones y plazos
El arzobispo Luis Argüello, presidente de la Conferencia Episcopal Española, reconoció que muchas víctimas no se sienten cómodas acudiendo a instancias eclesiásticas, motivo por el cual se habilita la vía estatal.
El plazo para presentar reclamaciones será de un año, con posibilidad de ampliarse por otro más. Argüello informó que la Iglesia ya ha pagado cerca de 2 millones de euros en compensaciones a más de un centenar de víctimas desde 2024. Los nuevos pagos estarán exentos de impuestos.
(Con información de agencias)




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