
El Gobierno amplió por 18 meses los contratos administrativos mineros de las cooperativas, como parte del Plan de Formalización Cooperativa Minera. La medida fue anunciada por el Ministerio de Minería y Metalurgia con el objetivo de fortalecer la seguridad jurídica y garantizar la continuidad productiva del sector.
El anuncio se realizó en un acto oficial encabezado por el ministro de Minería y Metalurgia, Marco Antonio Calderón de la Barca Quintanilla, junto a autoridades viceministeriales y representantes nacionales del cooperativismo minero.
Seguridad jurídica y ordenamiento minero
Según explicó el ministro Calderón de la Barca, la decisión responde a una política responsable del Estado orientada a brindar certidumbre jurídica a las cooperativas mineras. La ampliación permitirá que estas organizaciones concluyan sus trámites administrativos conforme a la normativa vigente.
La autoridad señaló que el plazo adicional de 18 meses asegura condiciones claras para el desarrollo de la actividad minera cooperativizada, evitando interrupciones productivas y promoviendo un ordenamiento adecuado del sector.
Coordinación entre el Estado y el sector cooperativo
El acto contó con la participación del viceministro de Cooperativas Mineras, Pánfilo Marca, y del viceministro de Política Minera, Regulación y Fiscalización, Walter Luis Landívar Castedo, además del directorio de la Federación Nacional de Cooperativas Mineras de Bolivia (Fencomin).
El presidente de Fencomin, Richard Caricari, destacó que la ampliación de los contratos administrativos es resultado del trabajo coordinado entre el Estado y las cooperativas. Señaló que este entendimiento permitirá avanzar en medidas estructurales que beneficien a los trabajadores mineros.
Respaldo del sector y proyección económica
Caricari reafirmó el respaldo del sector cooperativo al Ministerio de Minería y Metalurgia y expresó la voluntad de las cooperativas de cumplir con los procesos de formalización. Asimismo, sostuvo que el crecimiento de la actividad minera aportará de manera significativa a la economía nacional.
Representantes de federaciones departamentales, como Fedecomin La Paz, valoraron la medida como un avance concreto hacia la regularización minera y la estabilidad del sector, resaltando la importancia del diálogo permanente con el Estado.



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