
El ministro de Desarrollo Productivo, Rural y Agua, Óscar Mario Justiniano, denunció que tarjetas B-Sisa destinadas a productores agropecuarios eran vendidas ilegalmente hasta en Bs 5.000 a personas ajenas al sector. La revelación fue realizada durante una reunión con representantes del sector productivo, tras detectarse graves irregularidades en el uso de combustible subvencionado.
Según la autoridad, la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) identificó un esquema que generaba distorsiones en el abastecimiento y pérdidas económicas significativas para el Estado.
Venta irregular de tarjetas B-Sisa
Justiniano afirmó que personas sin vínculo con la actividad productiva accedían a tarjetas B-Sisa mediante la compra directa en el mercado informal. “Hubo una maleantada de tal magnitud que personas que no tenían nada que ver con el ámbito productivo tenían tarjetas porque las compraban en 5.000 o 4.000 bolivianos”, declaró.
El ministro sostuvo que esta práctica convirtió el combustible subvencionado en un negocio lucrativo, afectando el abastecimiento regular en surtidores.
Distorsiones en el acceso a combustibles
La autoridad relató que, incluso cuando no había diésel o gasolina en estaciones de servicio, comercios cercanos sí disponían del carburante. Atribuyó esta situación al uso indebido de las tarjetas, lo que derivó en su inhabilitación temporal.
No obstante, aclaró que la baja de las tarjetas no constituye una solución definitiva y que el Gobierno trabaja en medidas estructurales para frenar estas irregularidades.
Inhabilitación de más de 6.000 tarjetas observadas
La semana pasada, la directora de la ANH, Margot Ayala, informó que se inhabilitaron 6.398 tarjetas B-Sisa por documentación irregular y volúmenes injustificables de carga de combustible. Estas tarjetas representaban un consumo aproximado de 4,5 millones de litros de diésel al mes.
Ayala precisó que el impacto económico para el Estado alcanzaba los Bs 50 millones mensuales y que se detectaron carguíos superiores al 500% de lo permitido por la normativa.
Alcance y control del sistema B-Sisa
De acuerdo con datos oficiales, desde 2015 el Estado entregó 29.610 tarjetas B-Sisa a consumidores agropecuarios para autorizar la compra y transporte de diésel. La normativa establece consumos regulados que van desde 121 hasta 1.200 litros, bajo supervisión de la Dirección de Sustancias Controladas y el Ministerio de Desarrollo Rural.
Justiniano aseguró que las autoridades continuarán trabajando para corregir estas distorsiones, vinculadas también al contrabando y a la alteración de precios en el mercado interno.



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