
La exesposa del dirigente panificador Rubén Ríos, Alicia Mayta, fue aprehendida este jueves por su presunta participación en un clan familiar acusado de beneficiarse ilícitamente con harina subvencionada destinada a la producción de pan de batalla. La aprehensión fue ejecutada en el marco de una investigación que involucra a varios miembros de la familia Ríos.
El fiscal anticorrupción Ronald Jurado informó que la audiencia de medidas cautelares se realizará en el transcurso de la jornada. Adelantó que el Ministerio Público solicitará la detención preventiva de Mayta por los delitos de asociación delictuosa, encubrimiento y enriquecimiento ilícito con daño al Estado.
Investigación apunta a un clan familiar
Jurado detalló que existe también una orden de aprehensión contra uno de los hijos de Rubén Ríos, mientras que otras cuatro personas están siendo investigadas por su posible participación en el presunto esquema irregular. La Fiscalía sostiene que el grupo habría operado de manera coordinada para desviar insumos destinados a la elaboración de pan subvencionado.
El caso tomó relevancia nacional luego de las denuncias de desvío y mal manejo de harina distribuida por la Empresa de Apoyo a la Producción de Alimentos (Emapa), un insumo estratégico para mantener estable el precio del pan de batalla.
Situación legal de Rubén Ríos
El dirigente panificador Rubén Ríos ya enfrenta un proceso penal por este mismo caso. En su audiencia cautelar, un juez determinó detención domiciliaria, el pago de una fianza de Bs 60.000, presentación mensual ante la Fiscalía y arraigo, que le prohíbe salir del país.
Desde el Ministerio de Desarrollo Productivo se denunció previamente la existencia de una red estructural con vínculos familiares, presuntamente activa desde hace años, que habría ocasionado un daño económico al Estado y afectado la transparencia en el sector panificador. La entidad rechazó la medida de detención domiciliaria otorgada a Ríos.
Daño económico y avances del caso
Las investigaciones continúan para identificar a todos los presuntos responsables del daño económico estimado en Bs 5 millones al Estado por el desvío de insumos subvencionados destinados a los panificadores. La Fiscalía anticipó que se prevén nuevas citaciones y posibles aprehensiones conforme avance el caso.



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