
La Sala Penal Especial de la Corte Suprema de Perú condenó este jueves al expresidente Pedro Castillo (2021-2022) a 11 años, 5 meses y 15 días de prisión efectiva. El fallo lo declara culpable del delito de conspiración para una rebelión, por el intento de golpe de Estado que perpetró el 7 de diciembre de 2022.
La sentencia también incluye una inhabilitación para ejercer cargos públicos por dos años y el pago de una reparación civil de 12 millones de soles (unos 3,5 millones de dólares) de forma solidaria con sus coacusados. El tribunal absolvió a Castillo de los cargos de abuso de autoridad y grave perturbación del orden público.
Los hechos que llevaron a la condena
El 7 de diciembre de 2022, Pedro Castillo dirigió un mensaje a la nación en el que anunció la disolución temporal del Congreso, la intervención del sistema judicial y su intención de gobernar por decretos. Esta decisión se produjo en medio de una inminente moción de vacancia (destitución) en su contra por el Legislativo.
Sin embargo, sus órdenes no fueron acatadas. Minutos después de su alocución, Castillo fue detenido cuando abandonaba el Palacio de Gobierno, supuestamente rumbo a la Embajada de México para solicitar asilo. Ese mismo día, el Congreso lo destituyó y fue enviado a prisión preventiva, donde permanece desde entonces.
Fundamentos de la sentencia y otras condenas
El tribunal consideró que, si bien Castillo no logró consumar el delito de rebelión, sus acciones constituyeron una clara conspiración para tal fin. Este criterio legal llevó a la Fiscalía a modificar su petición inicial de pena, que era de 34 años de cárcel, por la finalmente impuesta.
La misma condena de 11 años, 5 meses y 15 días de prisión recayó sobre la ex primera ministra Betssy Chávez y el exministro del Interior Willy Huerta. Contra Chávez, quien se encuentra asilada en la Embajada de México, se ordenó una nueva búsqueda y captura.
Condenas menores y absoluciones
El caso también incluyó condenas menores. Aníbal Torres, ex primer ministro y jefe de asesores de Castillo, recibió una pena de 6 años y 8 meses. El tribunal decidió no aplicarla efectivamente por razones humanitarias, dada su avanzada edad de 82 años.
Por otro lado, los exjefes policiales Manuel Lozada y Justo Venero fueron absueltos de todos los cargos en su contra. La sentencia se produjo poco antes de que venciera el plazo de tres años de prisión preventiva de Castillo, lo que hubiera permitido su liberación.



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