
El presidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Romer Saucedo, denunció que los magistrados del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) señalados como “autoprorrogados” intentan “atemorizar” a los vocales de las Salas Constitucionales mediante una “complementación ficticia” del Auto Constitucional 0070/2025, publicado en octubre. Saucedo advirtió que esta maniobra busca frenar los procesos legales contra cinco magistrados que permanecen en sus cargos desde diciembre de 2023.
Acusaciones contra magistrados del TCP
Según Saucedo, los magistrados Gonzalo Hurtado, René Espada, Isidora Jiménez, Karen Gallardo y Julia Cornejo, quienes se autoprorrogaron en sus funciones mediante la Declaración Constitucional 0049/2023, están utilizando este nuevo documento para presionar a los jueces. El objetivo sería evitar que las Salas Constitucionales avancen en acciones legales en su contra. “Aquellos usurpadores de la administración de justicia constitucional pretenden atemorizar a todos los jueces que pudieran conocer acciones legales”, afirmó el presidente del TSJ.
Garantías para la independencia judicial
En un mensaje dirigido a los jueces del país, Saucedo aseguró que el Órgano Judicial garantizará su independencia. “Así como garantizamos las elecciones nacionales, hoy queremos garantizarles que puedan realizar su trabajo con independencia y aplicar por encima toda la Constitución Política del Estado”, declaró. Además, subrayó que Bolivia “no puede permitir más ilegalidades y arbitrariedades”.
Denuncia penal por falsedad
La situación escaló cuando las magistradas Paola Verónica Prudencio y Amalia Laura Villca presentaron una denuncia penal por falsedad material e ideológica contra los cinco magistrados autoprorrogados. La querella, respaldada por Boris Arias y Ángel Edson Ávalos—también elegidos en las elecciones judiciales de 2024—, cuestiona la resolución que habilitó una tercera “autoprórroga”, publicada el 31 de octubre en “completo hermetismo”.
Implicaciones del Auto Constitucional 070/2025
El Auto Constitucional 070/2025 establece que los magistrados prorrogados no dejarán sus cargos hasta que se convoque a nuevas elecciones y juren las nuevas autoridades judiciales. Sin embargo, Prudencio denunció que este documento nunca fue remitido a los cuatro magistrados electos en 2024 y que los “autoprorrogados” lo aprobaron sin el aval de la Sala Plena. “Hicieron pasar el auto como si no hubiéramos emitido ningún criterio”, afirmó. Esta medida, según los denunciantes, bloquea posibles acciones legislativas para destituir a los magistrados y allanar el camino a nuevas elecciones judiciales.



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