La Sala Constitucional Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Potosí ordenó el cese inmediato de las funciones de los cinco magistrados del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) que se mantenían en el cargo mediante autoprorrogas, tras fenecer oficialmente su mandato en diciembre de 2023. La medida, dictada en respuesta a una acción popular, incluye la suspensión del pago de salarios y el desalojo de sus oficinas con custodia.
Resolución judicial y medidas adoptadas
La sala, tras dar curso a la acción popular interpuesta por Sandra Beatriz Aiza, emitió una resolución contundente. “Se dispone que se notifique de manera inmediata a Recursos Humanos del Tribunal Constitucional y a las instituciones respectivas para el efectivo cese de las funciones. Ese aspecto es inmediato”, declaró uno de los vocales del tribunal.
Las disposiciones judiciales específicas son:
- Cese de funciones: Fin inmediato de las labores de los magistrados Gonzalo Hurtado, René Espada, Julia Cornejo, Isidora Jiménez Castro y Karem Gallardo.
- Corte de salarios: Suspensión total e inmediata del pago de sus haberes.
- Desalojo de oficinas: Se autorizó la presencia de custodios para garantizar que los magistrados abandonen sus despachos.
Antecedentes: autoprorroga y fallo previo
La situación se generó porque, si bien el mandato oficial de estos magistrados concluyó en diciembre de 2023, ellos permanecieron en el cargo mediante resoluciones judiciales que ellos mismos avalaron, en un acto calificado como «autoprorroga».
Horas antes de la resolución de la Sala Potosina, los propios magistrados autoprorrogados habían intentado anticiparse al fallo mediante un auto constitucional que daba por fenecidas sus funciones, pero estableciendo un plazo de 10 días para su ejecución. Sin embargo, la Sala Constitucional de Potosí consideró insuficiente este plazo y decretó la medida de forma inmediata.
Casi ocho años de prórroga
Con esta decisión judicial, se pone fin a casi ocho años de mandato de estas autoridades y se acata una demanda ciudadana que buscaba reparar el daño económico causado y restaurar el orden constitucional. La resolución marca un precedente significativo en la aplicación de controles sobre la perpetuación en cargos públicos.




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