
La Fiscalía reactivó el denominado «caso consorcio» y decidió ampliar la imputación inicial para incluir el delito de organización criminal en contra del exministro de Justicia, César Siles, y otras exautoridades judiciales. La decisión se basa en la presunta coordinación y división de roles para cometer ilícitos.
Ampliación de la imputación
Según informó radio Erbol, el fiscal Fernando Espinoza explicó que la investigación, que antes se centraba en los delitos de consorcio y tráfico de influencias, ahora incluye la figura de organización criminal. Esto se debe a que se habría detectado una conducta coordinada entre los implicados para alterar el curso de un proceso judicial.
La medida amplía el plazo de investigación y conlleva la citación nuevamente de todos los imputados para sus declaraciones informativas.
Los implicados y los hechos
Los imputados en este caso son el exministro César Siles, los exvocales del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) Claudia Castro e Yván Córdova, y el magistrado suplente Iván Campero. Se les acusa de haber actuado de manera coordinada a mediados de este año para presionar al juez de provincia Fernando Lea Plaza.
El objetivo habría sido direccionar una Acción de Cumplimiento con el fin de suspender la credencial de la magistrada titular Fanny Coaquira y así apoderarse del cargo.
La prueba clave y una muerte tras la investigación
La investigación avanzó gracias a la colaboración del propio juez presionado, Fernando Lea Plaza, quien reveló los vínculos y la naturaleza del esquema. Sin embargo, en octubre, Lea Plaza falleció en un hecho que las autoridades calificaron como suicidio.
La situación del exministro Siles se complicó tras divulgarse un audio de una llamada en la que presuntamente ofrecía protección al juez Lea Plaza a cambio de emitir un fallo instruido por el grupo.
Medidas cautelares y consecuencias
Ante la ampliación de los cargos, el fiscal Espinoza anunció que se analizará la solicitud de nuevas medidas cautelares para los imputados. Actualmente, de todos los acusados, solo la exvocal Claudia Castro cumple prisión preventiva en el penal de Obrajes.
El exministro Siles, así como Yván Córdova e Iván Campero, se encuentran bajo detención domiciliaria. El abogado Antonio De la Fuente, también vinculado al caso, permanece prófugo de la justicia. El estallido del escándalo en junio pasado provocó las renuncias inmediatas de Siles y los exvocales del TSJ.



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