
El ministro de Hidrocarburos y Energía, Mauricio Medinacelli, anunció este lunes la reapertura del mercado de combustibles al sector privado, retomando el modelo de comercialización mayorista que funcionó en Bolivia en el año 2000.
La medida busca aprovechar la capacidad financiera y logística del sector privado para garantizar un suministro estable y sostenible, al mismo tiempo que se avanza hacia la reducción progresiva de los subsidios estatales, que hoy representan una pesada carga fiscal para el país.
Antecedentes: el modelo mayorista de 2000
El esquema implementado en 2000 designó a Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) como distribuidor mayorista exclusivo de gasolina especial, gasolina premium y diésel, mediante el Decreto Supremo 25864.
Bajo este sistema, YPFB firmaba contratos con refinerías y distribuidores regionales agrupados en bloques comerciales que abastecían a las estaciones de servicio. El modelo permitía al Estado controlar precios, márgenes de refinación, transporte, almacenamiento y distribución, además de asegurar el suministro a nivel nacional.
Aunque fue un esquema fuertemente regulado, su objetivo era mantener la estabilidad de precios frente a las fluctuaciones internacionales, mediante la intervención directa del Estado.
El giro hacia los subsidios
El modelo mayorista fue abandonado entre 2003 y 2004, en medio de la crisis política y económica que reconfiguró el sector hidrocarburífero. En su lugar, el Estado implementó un sistema de subsidios directos para mantener los precios finales, una medida que alivió temporalmente el impacto sobre los consumidores, pero que con el tiempo generó distorsiones de mercado y una elevada carga fiscal.
Hoy, Bolivia importa la mayor parte de los combustibles que consume, y el gasto en subsidios se ha vuelto insostenible, provocando presiones sobre las finanzas públicas y riesgos para la continuidad del abastecimiento.
Revisión de precios y nuevo marco regulatorio
El ministro Medinacelli adelantó que la apertura al sector privado irá acompañada de una revisión integral del esquema de precios de los combustibles —gasolina, diésel, fuel oil y gas licuado de petróleo—.
El proceso, que tomará entre dos y tres semanas, incluirá una evaluación de márgenes comerciales, impuestos y precios de referencia. Su objetivo es diseñar un mecanismo eficiente y sustentable que permita eliminar los subsidios de manera gradual, sin afectar la estabilidad del mercado.
Medinacelli también subrayó la complejidad del actual marco normativo, compuesto por cerca de 100 decretos vigentes, y planteó la necesidad de simplificar la regulación para dotar al sistema de mayor transparencia y solidez técnica.
Objetivos y desafíos del nuevo esquema
La reapertura del mercado mayorista busca reducir la presión fiscal, combatir el contrabando de combustibles y mejorar la eficiencia logística mediante la participación privada.
Especialistas consultados señalan que la medida podría fortalecer la sostenibilidad económica y el abastecimiento interno, aunque advierten que la transición deberá cuidar el impacto en los sectores más vulnerables, que podrían enfrentar incrementos en los precios finales.
Perspectivas y proyecciones
El plan gubernamental apunta hacia un modelo híbrido, en el que el Estado mantenga la supervisión estratégica y el control de calidad, mientras el sector privado asume un papel activo en la importación y distribución mayorista.
Esta apertura podría dinamizar la competencia y permitir una diferenciación entre combustibles subsidiados y no subsidiados, adaptada a distintos sectores económicos.
Aunque el proceso plantea retos regulatorios y sociales, el Gobierno considera que representa un paso decisivo para modernizar la industria energética boliviana, reforzar la seguridad energética y garantizar el abastecimiento sostenible en un contexto regional de transformación acelerada.
La decisión marca un cambio estructural en la política de combustibles, con el que el Ejecutivo busca combinar eficiencia económica, disciplina fiscal y protección social para afrontar la crisis del sector hidrocarburos y asegurar el suministro futuro de energía para la población y la economía boliviana.


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