
El presidente electo Rodrigo Paz ha hecho saber que, en sus esfuerzos por normalizar la provisión de carburantes, ha encontrado complicaciones en la fase de transportes que maneja YPFB y, con suficiente claridad, ha dicho que ahí radica uno de los mecanismos de corrupción que ha llevado al país a la crisis que todavía no supera.
En cualquier otro país, una denuncia de ese tipo habría provocado un escándalo de grandes proporciones y los involucrados habrían sido aprehendidos, pero… estamos en Bolivia.
Como consecuencia de hechos repetitivos que hemos vivido en los últimos 20 años, los bolivianos nos hemos acostumbrado a las denuncias de corrupción hasta el extremo de verlas como algo cotidiano y —lo que es peor— como algo normal. Y esta es una de las razones por las que existe tanta expectativa por el cambio de gobierno.
Por si todavía no lo han notado, Luis Arce, David Choquehuanca y sus ministros están dejando el poder con el rótulo del peor gobierno que haya completado su gestión en la historia de Bolivia. Hablo de gobierno completo porque muchos otros salieron peor, correteados y/o en medio de protestas, pero no completaron sus mandatos. Y eso es lo que hace la diferencia.
Arce y sus ministros dejan un país en cenizas, y eso no es una metáfora ni una licencia poética. Lamentablemente, es literal: porque en 2024 ardieron nuestros bosques y los perdimos en la proporción más grande de nuestra historia. No hay culpables ni mucho menos sanciones, porque Bolivia tiene leyes permisivas para el chaqueo, debido a que los gobiernos del MAS pactaron normas que favorecen —así sea por la vía de la omisión— a sus aliados, entre los que están los avasalladores, eufemísticamente denominados “interculturales”. Y, aunque es el más visible, no es el único caso. Las cooperativas mineras se han convertido en uno de los mayores depredadores del país, porque se mantienen en el extractivismo y contaminan el medio ambiente. Los auríferos llegan al extremo de envenenar los ríos, pero el gobierno nunca les ha caído encima.
Si tuviéramos que hablar de la corrupción —cuya puntita ha denunciado Paz Pereira—, necesitaríamos tomos enteros. Lo que hizo el MAS fue desmontar todo el aparato estatal —que no era ningún dechado de virtudes— para reemplazarlo por otro, pero más ineficiente y con mayor burocracia.
La Constitución Política del Estado (CPE) ha dejado de ser la ley de leyes, porque muchas normas de menor jerarquía se aplican pasándola por encima. Hemos llegado al extremo de que resoluciones ministeriales, resoluciones de Sala Plena (en los casos de tribunales) y hasta resoluciones de directorio (cuando se trata del Servicio de Impuestos Nacionales) se aplican por encima de la CPE. Esos son los “tejemenejes” que ha encontrado Rodrigo Paz: un país enredado en una telaraña burocrática. Es fácil entrar, pero difícil salir. Mientras se deambula por los laberintos, los corruptos no están robando millones, sino miles de millones.
Ese es el “Estado tranca” del que tanto habla el presidente electo. Para desmontarlo, tiene que hacer cirugía mayor y necesita un equipo técnico de cirujanos; es decir, de ministros con formación académica y con méritos y talentos que les permitan desarmar el mamotreto de los “tejemenejes”. Mejor si son corbatudos, porque esa es una señal de que, además de méritos, tienen idea de cómo vestirse.
Juan José Toro Montoya es Premio Nacional en Historia del Periodismo.
La opinión expresada en este artículo es de exclusiva responsabilidad del autor y no representa una posición oficial de Enfoque News.


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