
En el cierre de la legislatura 2020-2025, diputados y senadores del bloque arcista y evista aprobaron en el pleno de la Asamblea Legislativa Plurinacional la ley de “diferimiento de créditos”, impulsada inicialmente por la Cámara de Diputados. Esta norma busca otorgar alivio a prestatarios al borde de la mora, rechazando modificaciones del Senado que reducían su alcance.
La aprobación se dio en medio de tensiones políticas, con el presidente nato David Choquehuanca declarando la sanción de la ley y derivándola al Ejecutivo para su promulgación inmediata. Según el oficialismo, la medida beneficia a miles de familias afectadas por la crisis económica, aunque opositores alertan sobre riesgos en el sistema financiero.
Rechazo a enmiendas del Senado
Los asambleístas arcistas y evistas desestimaron las enmiendas propuestas por la Cámara de Senadores, que introducían un “periodo de gracia” en lugar del diferimiento directo. El Gobierno argumentó que estas modificaciones limitarían el número de beneficiarios, reduciendo el impacto de la ley en sectores vulnerables como pequeños emprendedores y hogares endeudados.
La norma final, avalada en primera instancia por Diputados, se centra en prestatarios que no han caído en mora, pero enfrentan dificultades para pagar. Esto contrasta con la versión senatorial, que restringía el beneficio solo a deudores ya morosos.
Advertencias de la oposición
Opositores, como el diputado de Comunidad Ciudadana (CC) Miguel Roca, denunciaron que la ley podría desestabilizar el sistema financiero al no incluir salvaguardas estrictas. Roca exigió la comprobación de votos tras la primera votación, alegando que no se alcanzaban los dos tercios requeridos para reformas de este tipo.
Choquehuanca aclaró que bastaba con mayoría simple para este trámite, lo que derivó en una segunda votación donde se registraron más de dos tercios de apoyo. Esta decisión generó molestia entre los opositores, quienes rechazaron la norma y advirtieron sobre posibles impugnaciones futuras.
Contexto del cierre legislativo
La aprobación ocurre en el último día de sesiones de la legislatura, marcada por cruces de acusaciones entre oficialismo y oposición. El bloque arcista-evista, mayoritario en el Legislativo, impuso su versión original para agilizar el alivio crediticio ante la inminente promulgación por el Ejecutivo.
Fuentes del MAS enfatizaron que la ley responde a la necesidad de mitigar el impacto de la inflación y el desempleo en Bolivia, con datos preliminares estimando hasta 200.000 potenciales beneficiarios. La oposición, por su parte, insiste en que sin controles, podría incentivar el endeudamiento irresponsable.


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