
La Comisión Especial del Legislativo que investigó los sucesos del 26 de junio de 2024 (26J) aprobó por unanimidad un informe final que desmiente la versión oficial de un intento de golpe de Estado. El documento, remitido a la Fiscalía, concluye que lo ocurrido fue una «tramoya inventada por el Ejecutivo» del entonces presidente Luis Arce.
La investigación, que duró 18 meses, contó con la participación de las tres bancadas (oficialismo y oposición). El senador opositor Porfirio Menacho, miembro de la comisión, presentó las conclusiones de manera categórica, señalando que el gobierno armó un montaje para simular una asonada golpista.
Una conclusión unánime: «Show» y «Tramoya»
Durante una entrevista con red Uno, el senador Menacho fue directo al afirmar: «El gobierno hizo creer ante el mundo que hubo un golpe de Estado, pero fue una tramoya armada. Llegamos a la conclusión en la cual el mundo entero tiene que saber que aquí no hubo un golpe, más bien ha sido una tramoya inventada por el Ejecutivo».
Según el informe, este montaje habría estado liderado por un presunto grupo denominado «Pachajcho», involucrando al entonces comandante general del Ejército, Juan José Zúñiga. Menacho añadió que la población en general percibió la falsedad de los hechos al día siguiente, evidenciando que todo fue un «show».
Obstáculos y recomendaciones penales
El legislador denunció que la comisión enfrentó «todo tipo de embates» por parte del Ejecutivo, la Policía y las Fuerzas Armadas durante su trabajo. Incluso, reveló problemas de presupuesto que obligaron a los senadores a aportar recursos propios para continuar.
Uno de los obstáculos más graves detallados ocurrió al intentar entrevistar a Zúñiga en el penal de El Abra, donde se orquestó una «revuelta» para impedir el contacto con el excomandante.
El informe no solo desacredita la versión del golpe, sino que contiene recomendaciones tipificadas en el ámbito penal. Entre los presuntos responsables señalados se encuentran:
Altos funcionarios: Miembros del Ministerio de Gobierno.
Miembros militares: Varios efectivos de las Fuerzas Armadas que participaron en el supuesto «alarde de golpe» en la Plaza Murillo.
Además, se resalta que varios militares fueron dados de baja, vulnerando sus derechos humanos. Por ello, el informe señala que el próximo gobierno tiene la «dura tarea» de castigar a los responsables y resarcir económicamente a los perjudicados.
Implicaciones internacionales y próximos pasos
Menacho enfatizó que el objetivo de hacer pública la verdad es «sentar precedente» para que nunca más ocurran «falsos golpes» que, según dijo, dañan la imagen del país a nivel mundial y espantan la inversión extranjera.
El documento fue remitido formalmente al Fiscalía General, al Consejo de la Magistratura, al Comando en Jefe de las Fuerzas Armadas y a la Comisión de las Fuerzas Armadas y Policía. La responsabilidad de dar seguimiento a la investigación y aplicar las acciones penales correspondientes recae ahora en la nueva legislatura y en la Fiscalía General del Estado.


Sé el primero en dejar un comentario