
La Confederación de Choferes de Bolivia se declaró en estado de emergencia este martes ante la promulgación de una ley que habilita la importación de combustibles por privados en condiciones de libre mercado. Los transportistas exigen la continuidad de la venta de carburante subvencionado y advierten con medidas de presión, como marchas y bloqueos de carreteras, si se comercializa combustible a precios de mercado en surtidores.
La norma, aprobada por la Asamblea Legislativa y promulgada por el Gobierno, genera rechazo en el sector por considerarla un «ensayo de gasolinazo» que impactaría en los pasajes y el bolsillo de la población.
Declaración de emergencia y amenazas de acción
Lucio Gómez, ejecutivo de la Confederación de Choferes, anunció el estado de emergencia durante una rueda de prensa en La Paz. «Si verdaderamente van a querer distribuir en surtidores el combustible traído por privados, nos verán en las calles, nos verán con marchas, tomadas las carreteras», declaró Gómez.
Los choferes argumentan que la ley, promovida por el Comité Cívico pro Santa Cruz para favorecer al sector empresarial, viola compromisos constitucionales del Gobierno en la distribución de combustibles. Demandan su inmediata abrogación para evitar una crisis en el transporte público.
Críticas a la ley: un «ensayo de gasolinazo»
El sector transportista califica la normativa como un paso hacia la eliminación de subsidios, lo que obligaría a los choferes a «nivelar» los precios de pasajes y afectaría directamente a los usuarios. Gómez enfatizó: «No vamos a aceptar que levanten la subvención correspondiente, bajo ninguna circunstancia. Y seguramente nos conocerán nuevamente cuál es la reacción del transporte boliviano».
Aunque reconocen que los empresarios pueden importar combustible para su uso interno, los choferes se oponen firmemente a su venta en surtidores sin subsidio. «Si los empresarios quieren traer combustible para su sector, allá ellos», sostuvo el líder sindical.
Demandas y contexto constitucional
La Confederación de Choferes exige que el Gobierno cumpla con la distribución de combustibles según lo establecido en la Constitución Política del Estado. Critican tanto a la Asamblea por su aprobación como al Ejecutivo por su promulgación, viéndola como una medida que prioriza intereses privados sobre el bienestar social.
Hasta el momento, no se han reportado fechas específicas para las medidas de presión, pero el anuncio ha tensado las relaciones entre el sector transportista y las autoridades. Fuentes del Gobierno no han emitido declaraciones inmediatas al respecto.


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