
En un giro inesperado, el abogado Percy Claure desistió este lunes de la acción popular que buscaba cesar a los magistrados «auto prorrogados» del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) y a las autoridades electas en los comicios judiciales de diciembre de 2024. La decisión pone fin, por ahora, a un proceso legal que generó preocupación en el seno del Órgano Judicial.
El motivo del retiro
Claure justificó su pedido de desistimiento ante la Sala Constitucional Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Beni alegando la imposibilidad de notificar a todas las partes involucradas en la demanda. «Toda vez que no se ha logrado notificar a todas las partes, solicito a su digna autoridad el desistimiento y el retiro de la acción popular», señaló en la nota presentada este lunes.
Cuestionamientos y conflicto de intereses
La acción popular había generado reacciones entre las magistradas del TCP. Amalia Laura, una de las vocales, observó un posible conflicto de intereses, señalando que el demandante, Percy Claure, es abogado del vocal Charles Mejía. Según el Artículo 20 del Código Procesal Constitucional, esta situación podría haber obligado a Claure a excusarse del proceso.
Previamente, tanto Laura como la magistrada Paola Prudencio habían expresado su preocupación por el impacto que una medida de este tipo podría tener en la estabilidad del Órgano Judicial.
Alcance de la demanda retirada
La acción popular apuntaba directamente contra seis magistrados «auto prorrogados»: Gonzalo Hurtado, René Espada, Julia Cornejo, Karem Gallardo, Georgina Amusquivar y Brígida Vargas. Además, también incluía a los jueces que resultaron electos en las polémicas elecciones judiciales de 2024, cuyo proceso y resultados han sido objeto de debate público.
Implicaciones
Con el retiro de la acción, se mantiene el statu quo en la composición del Tribunal Constitucional Plurinacional, al menos temporalmente. La situación de los magistrados en funciones y la legitimidad de los jueces recientemente electos continúan siendo temas pendientes en la agenda nacional, aunque este recurso legal en particular ha quedado sin efecto. Se espera ahora el pronunciamiento formal de la Sala Constitucional sobre el desistimiento.


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