
La Cámara de Diputados remitió este lunes al Órgano Ejecutivo la Ley Corta Excepcional y Transitoria para Garantizar el Abastecimiento de Diésel y Gasolina en Situación de Emergencia, que permitirá la importación directa de combustibles por parte de privados durante un periodo de tres meses. La norma ahora aguarda la promulgación del presidente Luis Arce.
El envío fue formalizado mediante una carta firmada por la diputada del Movimiento Al Socialismo (MAS) Deisy Choque, dirigida al presidente Arce a las 10:30 de la mañana. En la misiva se adjuntaron cuatro ejemplares de la ley aprobada por la Asamblea Legislativa Plurinacional.
La nueva norma autoriza, de manera excepcional y transitoria, que personas naturales o jurídicas puedan importar e internar diésel, gasolina y gas licuado de petróleo (GLP), bajo la supervisión de la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH). El objetivo es garantizar el abastecimiento interno ante la actual situación de emergencia energética que enfrenta el país.
El viceministro de Coordinación y Gestión Gubernamental, Gustavo Torrico, confirmó que el presidente Arce promulgará la ley pese a algunas observaciones técnicas. “No le vamos a poner ‘peros’. Ya hemos hablado con el presidente, estamos esperando que nos llegue la ley”, afirmó.
Torrico advirtió, sin embargo, que existen puntos que deben ser analizados, como la mención al Impuesto a las Transferencias, que no aplica en este tipo de operaciones, y la inclusión del GLP, que —según señaló— no corresponde a la figura de importación directa. Además, expresó preocupación por posibles conflictos constitucionales, dado que la Carta Magna establece que YPFB es la única entidad autorizada para comercializar y transportar productos derivados del petróleo en Bolivia.
En paralelo, sectores cívicos de Santa Cruz exigieron este lunes la rápida promulgación de la norma, reclamando “voluntad política” del Ejecutivo para aliviar la escasez de combustibles en el mercado interno.
Con la promulgación pendiente, el Gobierno busca equilibrar el abastecimiento y atender las demandas regionales, mientras se abre un debate más amplio sobre el papel de YPFB y la sostenibilidad del actual modelo energético nacional.


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