
Autoridades bolivianas identificaron 10 nuevos pasos clandestinos en la frontera con Chile, utilizados por contrabandistas para ingresar ilegalmente mercancías y vehículos, lo que intensifica los esfuerzos para blindar la región y combatir un delito que afecta la economía y la seguridad nacional.
El viceministro de Lucha Contra el Contrabando, Luis Velásquez, reveló el hallazgo durante una conferencia de prensa, destacando que estos pasos representan una evolución en las tácticas de los delincuentes conocidos como «chuteros». De los 10 identificados, tres se ubican en el sector de Pisiga y siete en el salar de Coipasa, zonas estratégicas para el tráfico ilegal. «Las patrullas del Comando Estratégico Operacional (CEO) operan las 24 horas, pero estos grupos habilitan rutas alternativas para evadir los controles», explicó Velásquez, subrayando la persistencia del problema pese a las operaciones constantes.
La frontera con Chile se ha convertido en el principal punto de entrada de vehículos indocumentados al país, un tráfico que incluye desde automóviles livianos hasta pesados de gran tonelaje. En los últimos 10 días, las fuerzas de seguridad incautaron 15 de estos motorizados, que ahora se remiten a la Dirección Nacional de Prevención e Investigación de Robo de Vehículos (Diprove) y la Aduana Nacional para verificar si provienen de robos en territorio chileno. Este proceso busca no solo decomisar bienes ilícitos, sino también desarticular redes transfronterizas.
Para contrarrestar el fenómeno, Bolivia ha fortalecido la colaboración con Chile. Velásquez detalló que, tras reuniones con sus pares sureños, se ejecutó una operación conjunta hace un mes, con resultados positivos en la interdicción. «Hemos coordinado acciones específicas para detener este flujo ilegal», afirmó el funcionario, enfatizando que estas alianzas bilaterales son clave para una frontera más segura.
El anuncio llega en un contexto de creciente preocupación por el contrabando automotor. Hace dos semanas, Velásquez alertó sobre un repunte en los intentos de internación ilegal, que atribuyó en parte a la propuesta electoral del Partido Demócrata Cristiano (PDC) de legalizar vehículos indocumentados. Aunque el PDC ha negado que su iniciativa fomente robos, la medida ha generado críticas de sectores que ven en ella un riesgo para la legalidad y el control aduanero.
Este hallazgo pone de relieve las implicaciones para los bolivianos: desde la competencia desleal para importadores formales hasta el potencial aumento de vehículos robados en las calles. Las autoridades llaman a la vigilancia ciudadana y prometen redoblar patrullajes, recordando que el contrabando no solo evade impuestos, sino que debilita la soberanía económica del país.


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