
El presidente del Congreso de Perú, Fernando Rospigliosi, solicitó este lunes que la legisladora Lucinda Vásquez sea sancionada por la Comisión de Ética del Parlamento, tras difundirse imágenes en las que un asesor de su despacho le corta las uñas de los pies durante su horario laboral.
La polémica surgió tras un reportaje del programa Cuarto Poder, que mostró una fotografía de noviembre del año pasado. En ella, Vásquez aparece sentada en su despacho, hablando por teléfono, mientras su asesor y sobrino nieto, Edward Rengifo, le corta las uñas teniendo ella un pie apoyado en su regazo. Rengifo portaba en ese momento su carnet de trabajador del Congreso.
Una falta ética y una «humillación»
Al ser consultado sobre el caso, Rospigliosi fue contundente: “[Vásquez] tiene que ser sancionada por la Comisión de Ética”. Aclaró que, como titular del Parlamento, no puede imponer la sanción directamente, pero calificó el hecho de “una humillación para todos los trabajadores del Parlamento”.
Frente a las consultas periodísticas, la legisladora por la región de San Martín respondió de manera evasiva, afirmando: “No pido, no obligo a nadie, tampoco es voluntario”.
Antecedentes de irregularidades
Este no es el primer escándalo que rodea a la congresista. El reportaje también reveló otras fotografías de 2023 donde dos asesores diferentes le preparan alimentos a la parlamentaria en el mismo despacho.
Además, en mayo pasado, Vásquez ya había sido denunciada formalmente por el contrato irregular de familiares en su equipo de trabajo, entre los que se encuentra el propio Rengifo. Asimismo, un exasesor, Walter Tello, denunció que la legisladora obligaba a su personal a entregar parte de su sueldo a sus familiares bajo la figura de un supuesto préstamo.
Contexto de desprestigio legislativo
Este caso se enmarca en un contexto de alto nivel de desaprobación ciudadana hacia el Congreso peruano, electo en 2021, el cual ha sido sacudido por una serie de denuncias por presunta corrupción y la aprobación de polémicas normas. El hecho alimenta la percepción pública sobre el mal uso de los recursos y los privilegios por parte de algunos representantes, erosionando aún más la confianza en la institución.


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