
La Cámara de Diputados sancionó el jueves en la noche la ley que autoriza la importación directa de combustibles en situaciones de emergencia, una medida excepcional destinada a garantizar el abastecimiento de diésel, gasolina y gas licuado de petróleo (GLP) en el país. La norma fue remitida al Órgano Ejecutivo para su promulgación.
“Siendo cámara revisora, queda sancionada la presente ley. Remítase al Órgano Ejecutivo para fines constitucionales”, declaró la diputada Deysi Choque, quien presidía la sesión de manera interina.
La ley permitirá que, por un periodo de tres meses, operadores privados —personas naturales o jurídicas— puedan importar y comercializar combustibles en el mercado interno, bajo la supervisión de la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH). El objetivo es evitar el desabastecimiento que en las últimas semanas ha generado largas filas en estaciones de servicio en distintas regiones del país.
El proyecto fue impulsado por el Comité pro Santa Cruz, con el respaldo de legisladores de oposición, en respuesta a la persistente escasez de combustible que afecta especialmente al sector agroindustrial, en plena época de cosecha y siembra.
El diputado Walthy Egüez, miembro del Comité de Economía, advirtió que el país no puede esperar hasta un cambio de gobierno para resolver el problema. “Los tiempos de cosecha de invierno y siembra de verano son determinantes para la agroindustria”, enfatizó.
Por su parte, el diputado de Comunidad Ciudadana (CC), Carlos Alarcón, expresó su apoyo a la ley, aunque responsabilizó al Ejecutivo por la crisis. “Eso no exime la responsabilidad del presidente Luis Arce y de YPFB de garantizar el abastecimiento hasta fin de año. Estamos en un escenario de sabotaje”, sostuvo.
El miércoles, la Comisión de Economía Plural, Producción e Industria ya había dado su visto bueno al proyecto. Su presidente, el oficialista Hernán Hinojosa, solicitó que el pleno tratara la norma con carácter de urgencia.
En tanto, la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia (CEPB) advirtió la semana pasada que los esfuerzos del sector privado para importar diésel no son suficientes para resolver el problema estructural del abastecimiento y recordó que la provisión de combustibles sigue siendo una competencia del Estado.
Con esta aprobación, el país da un paso temporal para mitigar la crisis energética, mientras se mantiene el debate sobre la responsabilidad del Gobierno y la sostenibilidad de esta medida en el largo plazo.


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