

El Gobierno aprobó el Decreto Supremo 5475, que autoriza la contratación directa de bienes y servicios superiores a Bs 20.000 con motivo de la Transición de Gobierno y Transmisión de Mando Presidencial, prevista para el 8 de noviembre, cuando Rodrigo Paz asumirá la presidencia de Bolivia.
La norma, aprobada este miércoles por el Ejecutivo, establece el marco legal para garantizar que el proceso de cambio de mando se desarrolle de manera ordenada, transparente y eficiente entre el gobierno saliente y el entrante.
Según el artículo 4 del decreto, los ministerios de Estado y las entidades públicas involucradas en la transmisión de mando podrán efectuar contrataciones directas de bienes y servicios exclusivamente destinados a las actividades vinculadas con dicho acto oficial.
Estas contrataciones deberán ser aprobadas mediante resolución expresa por las Máximas Autoridades Ejecutivas (MAE) de cada entidad. Una vez formalizadas, la normativa dispone que se remita la información correspondiente a la Contraloría General del Estado y que se registre en el Sistema de Contrataciones Estatales (Sicoes) cuando el monto supere los Bs 20.000, en cumplimiento de la normativa vigente.
Además, el decreto establece que estas contrataciones estarán exentas del requisito del Certificado del Registro Único de Proveedores del Estado (RUPE), lo que permitirá agilizar los procedimientos en el corto plazo.
El Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, a través del Tesoro General de la Nación (TGN), podrá asignar recursos adicionales para cubrir los gastos relacionados con los actos oficiales de transición, siempre que exista disponibilidad financiera.
En cuanto a la organización del traspaso presidencial, el decreto determina que estará a cargo del Ministerio de Relaciones Exteriores, en coordinación con la Vicepresidencia del Estado, quienes liderarán la planificación, organización y ejecución de los actos protocolares. También podrán convocar a otros ministerios e instituciones públicas para garantizar el desarrollo adecuado de las actividades previstas.
Con esta medida, el Gobierno busca facilitar la logística y financiamiento del cambio de mando, asegurando la continuidad institucional y el cumplimiento de los procedimientos administrativos durante el proceso de transición presidencial.
Sé el primero en dejar un comentario