

El Senado de Uruguay aprobó este miércoles la ley que regula la eutanasia, consagrando el derecho a una muerte médicamente asistida. La normativa fue sancionada tras cinco años de intensos debates legislativos y convierten a Uruguay en el tercer país de América Latina en autorizar esta práctica, después de Colombia y Ecuador.
La cámara alta del Parlamento uruguayo dio su aval con 20 votos a favor y 11 en contra. El proyecto ya había recibido media sanción de la Cámara de Diputados el pasado 12 de agosto, con 64 sufragios a favor y 29 en contra. Con la aprobación de ambas cámaras, la ley queda formalmente sancionada, pendiente solo de la reglamentación por parte del Poder Ejecutivo.
Condiciones para acceder a la eutanasia
La ley tiene como objetivo garantizar el derecho de las personas a transcurrir dignamente el proceso de morir. Establece condiciones estrictas para quienes deseen acceder a una muerte indolora y apacible.
Los solicitantes deben ser mayores de edad, estar psíquicamente aptos y cursar una enfermedad intratable, incurable e irreversible en etapa terminal. También aplica para quienes padezcan sufrimientos físicos o psíquicos que resulten insoportables. Además, se requiere el aval de al menos dos profesionales de la salud y la nacionalidad uruguaya o residencia fehaciente en el país.
Un debate histórico y posturas encontradas
El proyecto fue presentado este año por diputados del oficialista Frente Amplio. Un intento similar había naufragado en el Senado en 2022. El senador Daniel Borbonet, del Frente Amplio, defendió la ley argumentando que transcurrir con dignidad el proceso final de la vida no debería ser un delito.
Por el contrario, el senador Martín Lema, del opositor Partido Nacional, manifestó su rechazo. Cuestionó las garantías para evaluar la salud mental de un paciente en una situación delicada y enfatizó su defensa de la vida. La norma también generó el rechazo de grupos católicos y otros sectores conservadores.
Contexto regional y apoyo ciudadano
Uruguay se suma a Colombia, donde la eutanasia es legal desde 1997, y a Ecuador, donde fue despenalizada en 2024. Hasta ahora, Uruguay contaba con una ley de 2013 que permitía a pacientes terminales rechazar tratamientos, pero la eutanasia activa era considerada un «homicidio piadoso».
Una encuesta de Factum en 2022 reveló que el 77% de los uruguayos apoyaba una ley de eutanasia en determinadas circunstancias. La ley posiciona a Uruguay entre el reducido grupo de naciones que permiten la muerte asistida, como Bélgica, Canadá, España y Países Bajos.
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