

El presidente del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), Gonzalo Hurtado, descartó este martes cualquier renuncia voluntaria de los magistrados prorrogados y afirmó que permanecerán en sus cargos hasta que la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) designe a sus reemplazos en los departamentos donde las elecciones judiciales de 2024 fueron suspendidas.
La declaración del magistrado se produjo este martes en Sucre, sede del Tribunal, como respuesta a una exigencia pública de renuncia formulada por el presidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Romer Saucedo. Hurtado fundamentó su postura en una “declaración constitucional” que, según su interpretación, obliga a la ALP a completar el proceso de preselección pendiente.
Antecedentes de un conflicto institucional
La crisis se desató después de que el titular del TSJ, Romer Saucedo, acusara a los miembros del TCP de causar un “profundo daño a la institucionalidad democrática del país”. Dicha postura contó con el respaldo de otras autoridades del Órgano Judicial, intensificando la presión sobre los magistrados “autoprorrogados”.
En 2024, el propio TCP ratificó la suspensión de los comicios judiciales en cinco departamentos del país, tras recibir 53 acciones constitucionales que impugnaban el proceso. Esta decisión generó un vacío en la sucesión de los cargos, que ahora es el centro del debate.
El procedimiento que exige el TCP
Hurtado fue enfático al señalar que la salida institucional no pasa por su dimisión, sino por la acción legislativa. “Lo que corresponde es que la Asamblea Legislativa realice la preselección en los departamentos que aún no han culminado esta etapa”, explicó.
El magistrado trasladó la responsabilidad a los legisladores, sugiriendo a la prensa que consultara si este trámite será abordado en las semanas restantes de su mandato o si se postergará para el nuevo periodo legislativo, que inicia el 8 de noviembre con una composición parlamentaria renovada.
Un futuro incierto para la justicia constitucional
Con el horizonte de solución en manos de una ALP en transición, la continuidad de los actuales magistrados del TCP parece prolongarse indefinidamente. La disputa judicial expone una fractura entre las altas cortes y deja en suspenso la normalización del órgano constitucional en Bolivia.
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