Once de los 22 casos de infanticidio registrados en Bolivia en los primeros nueve meses de 2025 tienen como víctimas a bebés de entre cero y dos años, reveló el fiscal superior de Vida y Personas de la Fiscalía General del Estado, Sergio Fajardo.
Esta cifra representa la mitad de los incidentes y resalta la extrema vulnerabilidad de los más pequeños, según un informe del Ministerio Público. Fajardo enfatizó la urgencia de fortalecer la prevención ante un delito que refleja problemas estructurales como la violencia intrafamiliar.
Distribución geográfica de los casos
Los 22 infanticidios se concentran en varias regiones del país. Cochabamba lidera con seis casos, seguida de La Paz y Santa Cruz con cinco cada una. Oruro reporta tres, Potosí dos y Chuquisaca uno, de acuerdo con el reporte oficial.
Esta dispersión geográfica subraya la necesidad de intervenciones locales coordinadas para abordar la desprotección infantil en todo el territorio boliviano.
Comparación con años anteriores y estado procesal
En el mismo período de 2024, se registraron 27 casos, lo que indica una leve reducción, aunque Fajardo califica la situación como «alarmante» por la indefensión de las víctimas. «Estamos hablando de seres humanos que no estaban en condiciones ni de pedir ayuda ni menos de defenderse», declaró el fiscal a Unitel.
En cuanto al avance judicial, ocho casos están en etapa preparatoria con el presunto autor detenido preventivamente. Uno se cerró por fallecimiento del sindicado, cinco tienen sentencia vía procedimiento abreviado y cinco permanecen en investigación preliminar.
Marco legal contra el infanticidio
El Código Penal boliviano tipifica el infanticidio en su artículo 258. Para la madre durante el parto o puerperio, la pena es de uno a tres años de privación de libertad. Si el delito lo comete el padre, ascendientes o tutores de menores de 12 años, la sanción asciende a 30 años de presidio sin indulto.
Fuera de estas circunstancias, como en niños mayores de 12 meses, se clasifica como homicidio o asesinato, con penas de hasta 30 años si hay agravantes como crueldad o indefensión.
Programa de protección y llamado a la sociedad
El Ministerio Público opera el Programa de Protección y Defensa de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, en coordinación con los Servicios Departamentales de Gestión Social (Sedeges) y la Policía Boliviana. Esta iniciativa sigue los casos y atiende a las familias afectadas.
Fajardo vinculó los infanticidios a la violencia intrafamiliar y la falta de redes de apoyo. «No podemos naturalizar que los más indefensos sean víctimas de actos tan extremos. La sociedad entera tiene que reaccionar», insistió el fiscal.
Author: EnfoqueNews
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