

Un análisis de Bloomberg, basado en cifras del Instituto de Finanzas Internacionales (IFF), sitúa a Bolivia entre los países con el subsidio a los combustibles fósiles más alto de la región, con un costo que puede equivaler hasta el 3,6% de su Producto Interno Bruto (PIB). Esta medida, implementada por el Gobierno, genera una costosa factura económica y política.
El reporte destaca que los subsidios a hidrocarburos como el diésel y la gasolina constituyen un drenaje significativo de recursos públicos. Solo Venezuela, con un 6% del PIB, supera a Bolivia en este rubro, seguida por Ecuador, donde estas subvenciones pesaban hasta un 3% del PIB antes de su reciente eliminación parcial.
Una carga fiscal persistente y riesgosa
Según el economista del IFF, Jonathan Fortún, el verdadero costo podría ser mayor al incorporar los subsidios indirectos. «En Bolivia, el subsidio al diésel y la gasolina representa una carga persistente, que coexiste con déficits fiscales estructurales y un deterioro sostenido de las reservas internacionales», señala el informe.
Fortún advierte que, aunque los precios internacionales bajos han atenuado temporalmente el costo, el riesgo estructural persiste. «Si el petróleo vuelve a subir, la presión sobre las cuentas fiscales se amplificará con rapidez», afirmó a Bloomberg Línea.
Mecanismos opacos y un alto costo anual
El análisis explica que en países como Bolivia y Paraguay operan regímenes menos institucionalizados, donde los subsidios se ejecutan directamente desde el presupuesto o a través de empresas estatales, sin reglas explícitas de ajuste. «En estos esquemas, el subsidio termina siendo una cuenta opaca dentro del Estado», indica el reporte.
De acuerdo con cifras oficiales, el Gobierno boliviano gasta aproximadamente 2.000 millones de dólares anuales en la subvención a los hidrocarburos. Para el especialista del IFF, esta es una forma “más silenciosa, pero igual de regresiva”, de desviar recursos públicos.
Contexto regional y lecciones vecinas
La región enfrenta el desafío de los subsidios energéticos. Ecuador decretó el mes pasado la eliminación del subsidio al diésel, lo que disparó los precios y desató protestas sociales. En Argentina, el gobierno de Javier Milei realiza un fuerte ajuste a estos beneficios. Perú, por su parte, utiliza un fondo de estabilización y sus subsidios directos rondan solo el 0,15% del PIB.
El caso boliviano ilustra la complejidad de mantener estas transferencias estatales, diseñadas para atenuar el impacto de la volatilidad de los precios del petróleo, pero que se convierten en una pesada carga para las finanzas públicas.
Sé el primero en dejar un comentario